Cuando Josep Beltrán habla de su infancia, lo hace como si se hubiera criado en un pueblo. Este vecino de Sants de 66 años nació en un pasaje junto a la estación de Mercat Nou, en uno de los barrios más desconocidos de esta zona de Barcelona. Las dos hileras de casitas que conforman este núcleo se esconden tras la puerta del número 43 de la calle de Burgos y dan por la parte trasera a la subcentral eléctrica que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tiene desde 1926 frente a la parada del metro. Para acceder, hay que atravesar un estrecho pasillo de cerca de treinta metros de largo que culmina en una vía central con doce viviendas de una sola planta con jardín alineadas a ambos lados. La sensación es realmente la de haber escapado por unos segundos del ajetreo y los rascacielos de la gran ciudad.
«Aquí celebraban las verbenas de San Juan sin miedo a hacer demasiado ruido. Aprendí a andar en bicicleta y también jugaba a pelota […] Recuerdo que cuando el primer vecino se compró una tele, la sacaba fuera y nos juntábamos todos a verla juntos como si fuera un cine. Éramos una familia», relata en una conversación con el TOT Barcelona. De aquella generación que hizo de este pasaje su particular república independiente ya solo quedan Beltrán y otro inquilino. El resto terminaron marchándose o murieron, ocupando su lugar otros inquilinos. La imagen de comunión y este oasis idílico que pintan los recuerdos de nuestro protagonista poco tienen que ver con el escenario actual. Las doce casitas están afectadas desde 2003 por la tercera fase del proyecto urbanístico del Calaix de Sants, que comprende las calles de Burgos, Jocs Florals, Riera de Tena y Bonaventura Pollés, así como el edificio de Can Vies.
A pesar de que inicialmente se preveía derribar unas ochenta viviendas, la última propuesta planteada por el gobierno municipal reduce el número de demoliciones a una quincena de domicilios. Entre los cuales, los doce del pasaje, que tendrán que ser expropiados y buena parte de sus residentes reubicados. Esta afectación urbanística que planea desde hace dos décadas sobre el barrio de la calle de Burgos ha convertido este paisaje idílico en una fuente de problemas constante para los inquilinos. Como las casitas debían ser derribadas, la propiedad -un gran tenedor- dejó de hacer mantenimiento y tampoco introdujo mejoras para adaptarlas a los nuevos tiempos. Esto ha dejado las viviendas en un estado bastante precario, con graves humedades, sin un sistema de alcantarillado adecuado y con paredes llenas de grietas que se caen a pedazos y techos de uralita que se hunden. En el caso de Beltrán, a todo el cúmulo de deficiencias que presenta su casa, se añade una orden de desalojo por una subrogación de contrato acordada que nunca se llegó a plasmar en papel.
Tres generaciones con contrato de renta antigua
Para entender el caso de este vecino de Sants debemos remontarnos a la posguerra. Su abuelo había dejado Benassal (Castellón) de joven para buscarse la vida en la capital catalana, donde había encontrado trabajo colocando adoquines para el Ayuntamiento. Allí conoció a la abuela, una mujer proveniente de otro pueblo castellonense con quien se casaría y tendría dos hijos. Antes del conflicto, la familia vivía en un piso de la avenida de Madrid, entonces aún bajo el nombre de calle de París. Con el estallido de la Guerra Civil, los niños fueron enviados con la madre al pueblo, mientras que el abuelo se quedó trabajando en la ciudad. Cuando regresaron a Barcelona, ya bajo la dictadura franquista, la familia se instaló en la casita del número 9 de este pasaje de la calle de Burgos. Lo hicieron bajo un contrato indefinido firmado el 1 de abril de 1943. Cuando el abuelo murió en 1960, el alquiler quedó a nombre de su esposa y, cuando se produjo el fallecimiento de esta en 1986, su hijo mayor y padre de nuestro protagonista pidió la subrogación. Ese mismo año, la familia llegó a un acuerdo para alquilar la caseta contigua, la del número 10, por 60.000 pesetas al año y un período también indefinido. Solicitaron permiso para unir las dos viviendas y así quedó configurado definitivamente el domicilio. Fue en ese momento que las viviendas pasaron a manos de su actual propietario por una cifra aproximada de un millón de pesetas.
La afectación urbanística por el proyecto del Calaix de Sants no tuvo ningún efecto en cuanto al contrato. Se mantuvieron las dos rentas antiguas, en las que ya figuraba el nombre de Beltrán como inquilino. Su padre intentó adquirir las dos casetas, pero la propiedad se negó a venderlas por separado alegando que no podían hacer divisiones del terreno. «Él quería comprarlas, pero le dijeron que era o todo el pasaje o nada. No podíamos pagar el millón de pesetas que nos pedían y se quedó así», señala. A pesar de haber dejado el domicilio tras casarse en los noventa, nuestro protagonista terminó regresando a su casa natal en 2005 cuando se separó de su esposa. Ha vivido allí desde entonces, primero con sus hijos y el padre y, desde que este último murió en junio de 2021, lo ha hecho solo. Un trámite que debía ser una mera formalidad como la subrogación se convirtió en una propuesta de cambio de contrato que implicaba multiplicar desorbitadamente la renta hasta los 1.400 euros, 700 por cada caseta. La propiedad se negó a subrogarle la renta antigua y, ante la falta de acuerdo, lo denunció por impago, proceso que ha culminado con una orden de desalojo fijada para el próximo lunes 10 de noviembre.
Doble vulnerabilidad e irregularidades
Beltrán afronta el desalojo de la casa donde nació y prácticamente ha vivido toda su vida en una situación de vulnerabilidad importante. Este óptico de formación lleva tiempo en paro y sin encontrar un trabajo que le permita jubilarse en condiciones. Los únicos ingresos que recibe son una ayuda de unos 400 euros, totalmente insuficiente para poder buscar una alternativa en el mercado libre. A los problemas económicos se le suman los de salud. En 2023 sufrió un ictus y, aunque se ha recuperado favorablemente, su estado sigue siendo delicado. «No me puedo permitir perder el derecho a la subrogación. Si me echan, no tengo a dónde ir«, asegura, remarcando que la única solución que le quedaría sería hacer uso de los alojamientos de urgencia que el consistorio pone a disposición de las personas vulnerables sin otra alternativa. Él estaría dispuesto a renunciar a una de las dos casas manteniendo la renta antigua, pero el propietario se ha negado a negociar esta vía y tampoco se ha reunido con el Grupo de Vivienda de Sants, que asesora y acompaña al hombre en este proceso.
Más allá de defender el derecho a quedarse en su casa natal, el vecino denuncia que el desalojo se está llevando adelante sin tener en cuenta ni las graves deficiencias que presentan tanto su domicilio como el resto de las viviendas del pasaje ni toda una serie de irregularidades que rodean la propiedad. Beltrán asegura que hay varias casetas que tienen la cédula de habitabilidad caducada desde hace más de una década y que al menos hay dos domicilios separados que comparten la misma referencia catastral y cédula. Tampoco hay contadores de agua individuales, sino que solo hay uno colectivo y las facturas del agua se suman a la renta automáticamente, sin que haya ningún recibo de por medio. Si miramos el Portal de Información Urbanística (PIU) del Ayuntamiento podemos comprobar que -según el Plan General Metropolitano de 1976– los terrenos en los que se erigen las dos hileras de casetas no están calificados como suelo de vivienda, sino que la mitad de la superficie está catalogada como zona verde y la otra como equipamiento. Aun así, el propietario continúa alquilando irregularmente estos domicilios por unos 700 euros cada uno.
Una eternización con consecuencias tangibles
El eje de todo el problema, sin embargo, es la situación de bloqueo del proyecto del Calaix de Sants. Vecinos como Beltrán llevan más de dos décadas esperando que se desbloquee la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que debe permitir la transformación de este ámbito, desafectando más de medio centenar de viviendas y reubicando a las familias afectadas por las expropiaciones. La previsión es que los inquilinos acaben reubicados en el nuevo edificio que debe erigirse en el solar que se extiende en la intersección entre las calles de Burgos y de la Riera de Tena, frente a la estación de Mercat Nou. Inicialmente, el inmueble debía estar construido a principios de 2020, una fecha ampliamente superada. Para muchos de los afectados este retraso ha supuesto problemas importantes, principalmente con la falta de mantenimiento de sus viviendas y fincas. Sin embargo, para nuestro protagonista, podría marcar la diferencia entre perder su casa y el derecho a reubicación o no.
«Si la administración hubiera cumplido con los plazos previstos, no estaría en esta situación porque mi padre aún estaba vivo en 2020. Si estoy en ella es porque aún no solo no tenemos el edificio para reubicarnos, sino que ni siquiera tenemos el planeamiento aprobado», lamenta Beltrán. Su caso también ha llegado a manos de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que en una resolución emitida este mismo año insta al Ayuntamiento a encontrar una «solución adecuada y consensuada» que permita la tramitación de la MPGM, avanzando así en la ejecución del planeamiento en este entorno y la reubicación de los afectados. Cabe recordar que el ejecutivo decidió retirar la propuesta de la comisión de Urbanismo celebrada el pasado mes de abril ante la imposibilidad de aprobarlo. Desde los Comuns reclaman que se garantice que las viviendas que se desafectan con esta modificación no queden a precio de libre mercado, mientras que desde ERC piden solucionar antes la situación de los domicilios que sí deben expropiarse.
