Rita González se enteró de la subida del alquiler de su piso en el supermercado. Cuando fue a transferir dinero de la libreta a la tarjeta para pagar, comprobó que solo tenía 50 euros. «Tuve que devolverlo todo porque si no, no tenía para pasar el mes«, asegura en una conversación con TOT Barcelona. Esta vecina del Raval lleva casi una década viviendo en uno de los pisos del número 2 de la calle de Santa Elena, una finca propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Llegó allí de la mano de su padre, quien era el titular y vivió allí hasta su muerte. Desde hace dos años, ella figura como inquilina de la vivienda, que es de protección oficial y en la cual reside con sus dos hijas. «Mis ingresos son de 1.000 euros al mes y pagaba unos 120 de alquiler. No nos daba para ir de vacaciones, pero, si necesitaba cambiar la lavadora porque estaba rota, podía hacerlo sin hipotecarme», reconoce.
Sin aviso previo, su alquiler pasó a partir del pasado mes de febrero a ser de casi 500 euros, cuatro veces más que inicialmente. Ante esta situación, acudió al Instituto Municipal de la Vivienda para pedir explicaciones por este aumento. «Me dijeron que, si quería saber el motivo de la subida, tenía que firmar antes una cláusula. Me negué y presenté una instancia. Aún no he recibido respuesta», apunta. Su caso no es único. Al menos seis vecinos de la misma finca del Raval que se encuentran en una situación similar a la de González han visto cómo en el último año se incrementaban sus alquileres hasta cuotas similares sin que nadie les informara ni de las razones ni siquiera del cambio de precio. La hemeroteca nos dice que este tipo de prácticas con familias vulnerables son habituales cuando al otro lado hay un gran tenedor o un fondo buitre, pero sorprenden si tenemos en cuenta que el interlocutor y propietario de las viviendas es en este caso el consistorio barcelonés.
De la emergencia a la precariedad
En el caso de Samir Sriheb, lo que destapó la subida del alquiler de su piso fue una visita al banco. «Vi que me habían cobrado unos 500 euros y no los 210 que pagaba hasta ahora. Me sorprendió porque nadie nos había avisado, pensaba que sería un error«, señala. Este hombre de 44 años vive con sus padres en otra de las viviendas del número 2 de la calle de Santa Elena desde 2015, cuando accedieron gracias a la mesa de emergencia municipal. La pensión por incapacidad que cobra él son los únicos ingresos que entran en casa porque sus progenitores llevan tiempo jubilados. Con este reciente incremento, se ven con el agua al cuello. «Tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a final de mes», admite.
La familia de Hafsa llmaziani pensaba que había encontrado por fin la estabilidad buscada cuando entraron a vivir en uno de los pisos de este bloque del Raval en el año 2019. Después de sufrir un desahucio bastante polémico en una finca de la calle Nou de la Rambla y verse forzados a abandonar la que había sido su casa durante casi dos décadas, los más de siete meses de espera en la mesa de emergencia acabaron dando sus frutos en forma de una vivienda de protección oficial. Allí se instaló con su marido y los cuatro hijos. Comenzaron pagando 240 euros, pero rápidamente se los subieron a 270. Durante la pandemia del coronavirus, se suspendieron los pagos. Sin embargo, los inquilinos tuvieron que abonar los importes no cobrados por la crisis epidemiológica progresivamente en los siguientes meses.
La última gran subida fue hace cerca de un año, cuando el precio se elevó hasta los 580 euros, una cifra que pudieron rebajar ligeramente gracias a una subvención para pagar el alquiler. A pesar de ello, la situación económica de esta familia continúa siendo eminentemente precaria. El marido cobra unos 800 euros de la baja por incapacidad, mientras que llmaziani trabaja las horas que puede para tener un poco de colchón. Los ingresos familiares los completa la hija mayor, que acaba de empezar a trabajar mientras estudia. «Todo lo que recibe mi marido se va en el agua, el gas y la luz. A veces incluso ni nos llega… Lo que cobro yo sirve para poder comer los seis, pero es muy duro. Vamos ahogados», afirma la mujer.
Una normativa que ahoga a los vulnerables
Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona aseguran que todas las personas adjudicatarias de viviendas de protección oficial deben hacer una revisión cada dos años para analizar su situación actual y ajustar el precio en función. Las mismas voces indican que este es el único supuesto en el que se permiten incrementos de este tipo, pero precisan que los importes «nunca serán superiores al 30% de sus ingresos». Estas afirmaciones contrastan con algunos de los casos de vecinos de esta finca del Raval recogidos por este medio, donde no se estaría cumpliendo esta regla porque no se está respetando el umbral fijado en el reglamento. En otros casos, sin embargo, los incrementos propuestos se enmarcan en la Ley, pero ponen contra las cuerdas a las familias afectadas, que no dejan de ser beneficiarias de un piso de protección municipal por su condición de vulnerabilidad.
La situación común de estos vecinos los ha llevado a unir fuerzas y plantearse la posibilidad de presentar una demanda conjunta para exigir explicaciones al Ayuntamiento, tanto por no haber notificado las subidas como por la magnitud de estas. «Es verdad que comparados con los precios del mercado son alquileres asequibles, pero es que estamos hablando de pisos de propiedad municipal y de familias muy vulnerables«, destaca José Luis Valverde, uno de los vecinos veteranos del bloque que hace las funciones de portavoz de la comunidad. Valverde lleva dos décadas viviendo en esta finca, después de que el edificio donde residía antes en la calle de Sant Ramon fuera derribado en los noventa para abrir la rambla del Raval. En este tiempo, el hombre ha visto pasar numerosos inquilinos y ha comprobado cómo el trato con el consistorio siempre es bastante complicado para cualquier gestión, sea cual sea.
Un ejemplo sintomático de esto es el hecho de que el inmueble lleva casi un mes sin telefonillo porque alguien lo arrancó y también tiene la puerta que da a la calle rota. De hecho, cada dos por tres, los vecinos tienen que reclamar que se arregle el acceso principal porque ha sido vandalizado. «Es como si les molestáramos y quisieran desentenderse«, lamenta. A su lado, González asiente y lamenta que a la lucha contra la degradación de su edificio y de los alrededores tengan que sumar ahora las dificultades para poder pagar el alquiler. «Mi hija mayor va por la mañana a la universidad y por las tardes hace prácticas. ¿Ha de hacer como hice yo y dejarlo todo a los 14 años para ponerse a trabajar? Parece que te quieran siempre ahogado, que no puedas sacar la cabeza«, espeta.
