El gobierno de Jaume Collboni admite que archivó los expedientes sancionadores iniciados por los Comunes por el 30%, pero niega haber perdonado las multas a los promotores que incumplieron la normativa. El consistorio defiende un cambio de estrategia: Collboni dejó caducar administrativamente algunos expedientes que ya preveían una sanción para abrir nuevos con un «procedimiento de restitución».
Son casos, defiende el ejecutivo, en los que los permisos de obras solicitados no se ajustaban a la normativa y el Ayuntamiento abrió este segundo expediente para que la empresa pudiera volver a la legalidad urbanística. Por ejemplo, hay casos en los que se había hecho una comunicación de obras en lugar de una licencia y el Ayuntamiento optó por solicitar el permiso correcto antes de iniciar el procedimiento sancionador.
La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha detallado nueve casos en los que el Ayuntamiento ha detectado posibles incumplimientos. La titular de urbanismo ha detallado que sólo en uno de los nueve casos mencionados se ha constatado finalmente el incumplimiento. El consistorio ganó la batalla judicial y el ejecutivo retomará el procedimiento sancionador correspondiente. Los ocho casos restantes aún no están resueltos, algunos de ellos aún tienen un camino administrativo por recorrer y otros están en los juzgados.
Seguridad jurídica
El ejecutivo defiende que los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían alertado que seguir con los primeros expedientes podría haber provocado querellas contra el consistorio. «Primero, restitución de la legalidad urbanística y solicitar el permiso correspondiente y, una vez hecho esto, entonces tenemos todas las herramientas con la seguridad jurídica que necesitamos para poder, también, imponer la sanción y que no sea anulada esta sanción si hay un recurso contencioso administrativo», indicó este lunes Bonet, quien incidía en el bajo nivel de promociones afectadas: el 0,036% de los casos inspeccionados en 2022. La información de ARA, que ha encendido a las fuerzas de izquierda en el Ayuntamiento, apunta que los expedientes que Collboni ha dejado caducar podrían haber supuesto multas entre 419.000 y 735.000 euros.
La titular de urbanismo también ha defendido que el Ayuntamiento trabaja para anticiparse a posibles desajustes. Cada mes los técnicos cruzan datos sobre permisos de obras y detectan 300 expedientes para verificar los permisos solicitados. Bonet defiende que si se detecta algún desajuste, la obra se detiene hasta que se rectifique el procedimiento legal pertinente.
La oposición pide explicaciones
Los Comunes y ERC han pedido explicaciones al gobierno por esta negativa a aplicar sanciones previstas en los expedientes originales. De hecho, ambos han exigido al gobierno por escrito que presente el informe jurídico en el que se ha basado para no continuar con los expedientes y abrir nuevos. Preguntada por las críticas recibidas, Bonet ha cargado contra los Comunes: «No daba suficiente seguridad jurídica porque, en definitiva, lo que estás haciendo es intentar imponer una sanción antes de que hayas podido acreditar cuál es el incumplimiento».
Poco después de escuchar a Bonet, los Comunes la acusaron de «mentir». «Se trata de un intento desesperado de tapar el escándalo», manifestó Janet Sanz en una rueda de prensa posterior. La concejala exculpó a los servicios jurídicos de la polémica, que se debe a la poca «voluntad política» del PSC. «Hay una voluntad política para que no se aplique el 30%», incidió, acusando también a Collboni de frenar las inspecciones. Sanz destaca que durante el mandato de Colau se culminaron dos de los diecisiete expedientes abiertos, lo que demuestra, según los Comunes, que la seguridad jurídica existe.
Junts también ha criticado a Collboni, a quien acusa de ser «víctima de su propia irresponsabilidad». El concejal Damià Calvet recordó que hace meses que su grupo ha puesto sobre la mesa una propuesta para modificar la norma del 30%. Desde Junts también recuerdan que los servicios jurídicos son los mismos que años atrás.
