El Ayuntamiento de Barcelona ha defendido la intervención municipal en Vallcarca, donde la Guardia Urbana desalojó hace dos semanas un asentamiento de chabolas cerca del viaducto. La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, compareció este martes en la Comisión de Derechos Sociales a petición de Barcelona en Comú para dar explicaciones sobre el trabajo de los servicios sociales en el barrio, muy cuestionado por algunas entidades como Som Barri o el Sindicato de Vivienda de Vallcarca. Gay aseguró que los servicios sociales estaban trabajando con las familias vulnerables que vivían en las chabolas antes del dispositivo y que se habían producido “múltiples intentos de intervención previa”, pero que siempre habían sido rechazados.
Tras desalojar el asentamiento, el Ayuntamiento aseguró que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) estaba valorando caso por caso la situación de las familias que se habían quedado en la calle y que se había ofrecido un alojamiento de emergencia. Florina, una de las personas desalojadas y que llevaba cinco años viviendo en una chabola, denunció entonces que los servicios sociales solo les habían ofrecido “una noche de pensión” y “nada más”, por lo que decidió rechazar la ayuda porque no le solucionaba nada. “Queremos una vivienda social, pero no contamos como personas para (acceder) a una vivienda social”.
¿Qué ha pasado con los vecinos del asentamiento?
Durante su comparecencia, Gay detalló que de las 18 personas que constaban como residentes del asentamiento de chabolas antes del incendio de la madrugada del 7 de mayo, 11 tenían un seguimiento activo por parte de servicios sociales. De estos, seis estaban vinculados a servicios especializados y se les había ofrecido un alojamiento alternativo tanto antes como después del desalojo, pero “ninguno aceptó” la propuesta, según la regidora. “No podemos obligar a nadie a entrar en un recurso si no lo desea”, añadió Gay, que no concretó en qué consistía esta alternativa. La regidora también explicó que una familia de tres miembros también estaba en el radar de servicios sociales y que rechazaron el alojamiento temporal que les ofrecieron. Ahora ocupan otro piso en Vallcarca y se les está acompañando para encontrarles una vivienda “estable”. Finalmente, hay un joven que en un primer momento fue acogido por el CUESB y que fue derivado a un centro de acogida.
“Nos duele no poder evitar episodios como este, pero sabemos que cada actuación con rigor, respeto y vocación pública contribuye a hacer una ciudad más justa”, explicó Gay, que tuvo que enfrentar las críticas de la oposición, en especial de ERC y los Comuns, por la falta de diálogo con las entidades del barrio. La regidora de BComú Carolina Recio lamentó la “falta de liderazgo y de sensibilidad” del gobierno municipal y criticó que el consistorio haya desestimado todas las ofertas de “negociación” que les han puesto sobre la mesa unas entidades que en los últimos años han acompañado a muchos de los vecinos del asentamiento y de pisos ocupados del barrio. Los republicanos también han reclamado al Ayuntamiento que no continúe desahuciando gente del barrio sin ofrecerles una “alternativa real”. Por su parte, Junts ha pedido al gobierno municipal que enfrente el problema “con respeto y sin hacer demagogia y populismo” y ha reclamado más “proactividad” al gobierno de Collboni.
