El Ayuntamiento de Barcelona quiere comprar un edificio del distrito de Gràcia que anteriormente estuvo ocupado y era muy conflictivo. Se trata de la finca situada en el pasaje de Alió, 21, en el barrio de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. La Guardia Urbana desalojó el inmueble el 17 de diciembre de 2024, con un total de 27 personas en el interior.
Según detalla la comisión de gobierno del pasado 5 de junio [punto, 28, ver aquí], el consistorio ha decidido ejercer el derecho de tanteo y retracto y comprar la finca del pasaje de Alió en la subasta judicial tramitada por el Juzgado de primera instancia núm. 50, recoge el texto aprobado por el ejecutivo de Jaume Collboni. En caso de concretarse, la adquisición se hará efectiva por 1.088.000 euros. La partida económica figura dentro del presupuesto de 2025.
Una situación compleja en el juzgado
No obstante, fuentes municipales han informado al TOT que de momento la compra no se ha ejecutado por problemas judiciales. El consistorio ha querido adquirir la casa «en el marco de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria que dio lugar a una subasta judicial». El Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona aprobó la adjudicación de la subasta a favor de una tercera entidad y el Ayuntamiento compareció en el juzgado para hacer prevalecer su derecho de tanteo y retracto. Según las mismas fuentes, inicialmente, el juzgado otorgó un plazo de cinco días para consignar el importe. El Ayuntamiento solicitó una ampliación de este plazo a través de un recurso, el cual fue denegado por el juzgado, que terminó adjudicando la finca a favor de la tercera entidad.
Ante esta resolución del juzgado, el Ayuntamiento ha interpuesto dos recursos de reposición y está a la espera de que estos se resuelvan. «Si el juzgado estima los recursos, se deberá revocar la adjudicación de la finca efectuada y hacerla a favor del Ayuntamiento, en reconocimiento del ejercicio del derecho de tanteo y retracto», apuntan desde el servicio de prensa municipal.
Sin un propietario legalmente definido
Tal como ya explicó el TOT Barcelona, el edificio no tenía un propietario legalmente definido y el Ayuntamiento se tuvo que hacer cargo de manera subsidiaria de limpiar y tapiar la finca. El millón de euros se ha depositado en el Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona, ya que se trata de una herencia que nadie ha reclamado y la finca estaba en situación de ejecución hipotecaria.
Como otros inmuebles que el consistorio ha comprado, el bloque se destinará a vivienda de alquiler social y asequible y será el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona quien se encargue de la gestión y administración.
Problemas de convivencia y seguridad
El edificio del pasaje de Alió, 21, fue desalojado el pasado diciembre porque no cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad y provocaba muchos problemas de seguridad y convivencia en el barrio. Previamente, el Ayuntamiento había enviado un requerimiento previo a los ocupantes para que se marcharan voluntariamente. En una inspección realizada por los servicios técnicos municipales se detectaron «riesgos». Pero como las personas que vivían allí hicieron caso omiso del aviso del consistorio, se activó la vía judicial.
Vecinos de la calle de la Industria con el pasaje de Alió llevaban meses protestando y quejándose de ruido, suciedad y robos. También habían denunciado los hechos comerciantes y vendedores del mercado de la Abacería. El edificio llevaba años ocupado, pero las problemáticas se incrementaron con el último grupo de jóvenes que vivía allí.
El pasado octubre, la comisión de Seguridad del Ayuntamiento había aprobado una proposición de Junts per Barcelona, consensuada con los Comunes, para resolver los conflictos de la finca del pasaje de Alió. Ya en septiembre de 2024, Junts había exigido acabar con los problemas de incivismo y seguridad. El presidente de Junts en el Ayuntamiento Jordi Martí Galbis dijo en la comisión que la situación era «insostenible».
