La Barcelona que resiste a la sombra de los fondos buitre ha obtenido una victoria significativa antes de acabar el 2024. Dos edificios hermanados contra Second House -una estructura empresarial fundada en 1994 que es propietaria de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana- han logrado hacerlo claudicar e impedir que ninguno de los vecinos que tenían contratos vencidos o a punto de hacerlo tengan que abandonar sus hogares. Se trata de los inquilinos del número 15 de la calle de Tapioles y el número 10 de la calle d’en Cortines, ubicados en los barrios de Poble-sec y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, respectivamente.
El caso de estos dos inmuebles se remonta a noviembre de 2022. Los primeros en movilizarse para denunciar públicamente la situación que vivían fueron los vecinos de la calle de Tapioles. Las alarmas habían sonado solo unos meses antes, cuando algunos de los inquilinos de la comunidad recibieron una carta de la propiedad informando de la venta del edificio a este fondo. Esta noticia dejaba en el aire la continuidad en el bloque de al menos cuatro familias, que ya tenían el contrato de alquiler vencido y que desde entonces lo renovaban mes a mes, y también amenazaba a tres más, que todavía tenían algunos meses de margen para su vencimiento.
El eco mediático de su denuncia y la intermediación crucial del Sindicat de Llogateres les permitió comprobar que su caso no era aislado, sino que al menos otro edificio estaba en una situación similar y ya hacía tiempo que había emprendido una lucha silenciosa contra Second House. Es el caso del edificio de la calle d’en Cortines, comprado por la misma inmobiliaria en el año 2020, justo después de la pandemia del coronavirus. El primer mensaje de los nuevos propietarios a los inquilinos con contrato vigente fue de tranquilidad, pero con el paso de los meses la incertidumbre fue aumentando y algunos vecinos optaron incluso por dejar las viviendas. Tres de las cuatro familias supervivientes del bloque son las que decidieron entonces visibilizar su situación y hacer frente común con el edificio de Poble-sec.
Una decena de contratos renovados
Un año después de este hermanamiento entre edificios, los vecinos han anunciado este lunes en una rueda de prensa conjunta que han llegado a un acuerdo con la propiedad para renovar todos los contratos vencidos y también aquellos en peligro de vencimiento. En total, una decena de familias de ambos bloques han logrado cambiar la opinión del fondo y ya han firmado un nuevo vínculo con sus domicilios con una vigencia de un mínimo de siete años, sin tener en cuenta los casos de inquilinos con contrato de renta antigua. En ambos casos, la propiedad pretendía vaciar todo el edificio para renovarlo y venderlo revalorizado. De hecho, los bloques se pusieron enteros a la venta a través de la página web de la inmobiliaria por un precio de 4,4 y 2 millones de euros, con el agravante de que se hizo con una quincena de familias aún residiendo allí.
«Este es un modelo de actuación que hemos visto repetidas veces en la ciudad. Hay unas Leyes hechas a medida que permiten hacerlo. Por eso insistimos en la necesidad de prohibir las compras especulativas. Mientras no se aborden medidas como estas, seguiremos encontrándonos con estas operaciones», ha señalado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès.
