El caso de la Casa Orsola no es aislado. Al menos 232 fincas del distrito barcelonés del Eixample estarían en una situación similar a la de este edificio centenario, que fue finalmente adquirido por el Ayuntamiento para evitar que sus inquilinos pudieran ser expulsados de los pisos. Esta es una de las conclusiones del estudio presentado este martes por las asociaciones de vecinos de esta zona de la capital catalana, que desde 2016 y hasta 2024 han analizado la situación de la vivienda para configurar este mapa de las otras casas Orsola.
La investigación de las entidades ha identificado este total de 232 fincas de propiedad única catalogadas como «especulativas»: 131 en el barrio de la Dreta de l’Eixample, 48 en la Esquerra de l’Eixample, 24 en Sagrada Família, 18 en Sant Antoni y 11 en Fort Pienc. En este período de ocho años, ha habido un centenar de desalojos judiciales, mientras que cerca de 4.000 habrían sido desalojos invisibles. Se calcula que habría más de 10.000 residentes afectados por esta situación. Más allá de la actividad especuladora concreta de los fondos de inversión, las entidades también han constatado una desviación del precio medio de la oferta de vivienda en propiedad del 32,94% respecto a la media de la ciudad. Asimismo, han detectado que el 70% de la oferta de alquiler en el Eixample es temporal, a través del análisis de portales inmobiliarios, y que el 21% de las camas son turísticas.
Método de estudio y aviso para navegantes
Las conclusiones del estudio se han presentado en una rueda de prensa conjunta recogida por la ACN desde el Espai Línia de la Dreta de l’Eixample. En este acto, el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Jaume Artigues, ha explicado que para poder identificar los casos especulativos han tenido en cuenta que en la finca en cuestión se hubiera producido alguna actividad que se pudiera considerar como tal, como por ejemplo la compra de propiedad vertical o propiedad única destinada a la comercialización de las viviendas, promociones de obra nueva o de gran rehabilitación, procesos de cancelación de contratos y expulsión de residentes o precios de oferta de compra o de alquiler que superen el índice medio de precios, entre otros.
Artigues ha aprovechado su intervención para denunciar que las leyes actuales son «demasiado débiles» contra la especulación y también ha señalado que se necesita una «intervención del mercado más decidida de lo que se ha hecho hasta ahora» si se quiere evitar que se continúen produciendo casos como el de la Casa Orsola.
