La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado el proceso de mediación para encontrar una salida pactada al desalojo pendiente de tres fincas municipales de Vallcarca donde viven unas cuarenta personas. La Sindicatura ha recibido el encargo del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que pactó la mesa de negociación con BComú a cambio de la aprobación inicial de los presupuestos de 2026. Las fincas afectadas son dos edificios de la avenida Vallcarca y un taller de la calle Farigola.
La asociación de vecinos Som Barri ha celebrado el cambio de postura del Ayuntamiento, aunque haya sido forzado por otro grupo político, y se ha mostrado “esperanzada” por encontrar una solución. “Nos reconforta saber que las familias y los menores amenazados podrán, finalmente, descansar después de meses de angustia”, explican desde la asociación. Según ha anunciado el síndico, “durante el tiempo que dure la mediación iniciada por la defensoría, no se ejecutará ningún desalojo de los vecinos de las fincas afectadas, con el objetivo de garantizar un marco de diálogo y confianza mutua.
Una negociación forjada en la calle
Los vecinos afectados, con el apoyo de varias entidades del barrio, llevan meses presionando al PSC para que se siente a negociar, con acciones sonadas como la ocupación de la sede del partido en Barcelona o una protesta que obligó a Collboni a cambiar de lugar la presentación de la Mercè. “Este logro ha sido posible gracias a la presión y a la movilización vecinal de estos meses. Sin la fuerza del barrio y el apoyo de tanta gente de toda la ciudad, esto no habría pasado”. Tienen la esperanza de que la mediación sirva para abordar cuestiones de fondo como la falta de vivienda digna en Vallcarca, la imposición de un plan urbanístico “obsoleto” o la “gentrificación que destruye el tejido vecinal” del barrio, pero las intenciones del gobierno municipal son mucho más concretas.
La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ya se encargó de rebajar las expectativas y limitó el terreno de la negociación a encontrar “alternativas habitacionales para las personas afectadas en situación de vulnerabilidad”. Nada de salvar las fincas. Desde el consistorio siempre han mantenido que están atados de manos porque las tres fincas se adquirieron en el año 2015 fruto de un proceso de expropiación impulsado por los anteriores propietarios, que esperaban una solución desde hacía más de una década. “Las fincas están afectadas desde 2002, por lo que no se les puede dar ningún uso ni rehabilitarlas”, advertían fuentes municipales antes del verano. “La única alternativa respecto a estas fincas era y es derribarlas, ya que en esta situación de afectación urbanística, el Ayuntamiento no puede garantizar la seguridad y el buen estado de las fincas y evitar riesgos para las personas”.
Las tres fincas municipales son el último capítulo de la lucha del barrio contra la transformación impuesta por el Ayuntamiento tras años de parálisis. El pasado mes de mayo, la Guardia Urbana desalojó entre protestas vecinales el asentamiento que había en la avenida Vallcarca después de que un incendio en una barraca dejara a una persona herida. Días después, Collboni anunció que el consistorio aceleraría el desalojo de las tres fincas municipales. En junio, operarios escoltados por antidisturbios comenzaron la demolición de un edificio de la calle Mare de Déu del Coll donde se ha de hacer vivienda protegida y a principios de julio el consistorio anunció que solicitaría el desalojo forzoso de las tres fincas tras fracasar en el intento de hacerlo por la vía administrativa.
Los Comunes celebran el cambio de postura del Ayuntamiento
La presidenta del grupo municipal de BComú, Janet Sanz, ha celebrado el cambio de postura del Ayuntamiento con los desalojos. “Hoy, el síndico de greuges ha aceptado el encargo que BComú pactó con el alcalde para buscar solución a los vecinos de Vallcarca y, más importante, el síndico ha confirmado que mientras dure esta mesa no habrá ningún desalojo”, ha defendido Sanz. “El barrio de Vallcarca no puede estar sometido ni a las reglas de juego de los especuladores ni a la voluntad del gobierno municipal de desalojar menores de su casa. Estas demandas seguirán siendo el centro de nuestra acción política y celebramos que se creen espacios de trabajo para definir el futuro de un barrio que debe ser para vivir en él”.
