El Ayuntamiento de Barcelona está desalojando este martes por la mañana una parte del macroasentamiento instalado en la calle número 2 de la Zona Franca. Efectivos de la Guardia Urbana lideran esta intervención, que cuenta también con personal de los servicios sociales y trabajadores del servicio de limpieza. El objetivo es liberar un sector concreto del campamento donde habían proliferado las ratas, con el problema de salubridad que esto conlleva. La actuación ha sido instada por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, propietario del espacio.
Según la información facilitada por el consistorio, la intervención consiste en la limpieza y desinfección integral del área afectada, tras haber detectado la presencia de diversas plagas que representaban un riesgo sanitario tanto para las personas que pernoctaban allí como para el conjunto del entorno. En esta zona, se aplicarán productos fitosanitarios tóxicos para las personas, por lo que no se podrá estar allí. No se descarta que este tratamiento se aplique posteriormente a otras zonas próximas si se detecta que la presencia de roedores continúa.
Cabe recordar que casi unas 200 personas malviven en tiendas de campaña en esta zona del polígono barcelonés. Ocupan un espacio de unos 400 metros aproximadamente entre dos rotondas y se agrupan en pequeños núcleos, cada uno separado por unos cuantos metros de distancia. La mayoría de los inquilinos viven atrapados en un callejón sin salida por la falta de papeles, lo que les complica encontrar un trabajo estable. El empadronamiento o la regularización planteada por el gobierno español parecen ser las únicas vías que tienen a su alcance los acampados para poder reintegrarse en la sociedad y abandonar esta precariedad.
«No es un desalojo»
«No es un desalojo, es el levantamiento de una situación de insalubridad. No se cuestiona dónde duermen«, ha remarcado en declaraciones a los medios de comunicación la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes. Desde el consistorio insisten en que se trata de una operación «sectorizada» porque solo se interviene sobre el área donde se han acumulado más personas y, en consecuencia, más volumen de residuos y mayor presencia de roedores. «Estas personas no solo ya tenían una información previa de la actuación, sino que, además, no se les está pidiendo que se vayan, solo que no se queden donde se ha de hacer el tratamiento», ha insistido Fuertes. En todo caso, parece que la información y los detalles sobre la intervención no llegaron del todo a un sector de los acampados, que este lunes aseguraban que se les quería echar del terreno sin alternativa.
La comisionada ha explicado que los diferentes servicios municipales trabajan con los inquilinos del asentamiento desde finales de 2023, un contacto que sobre todo se ha intensificado este último año. «Lo que se está haciendo es intentar vincular a estas personas para que vayan teniendo poco a poco una salida», ha precisado. Han trabajado tanto personal de los servicios sociales, con los equipos especializados de calle, como los trabajadores del Servicio de Atención a Personas Refugiadas y Migradas (SAIER). En total, se ha revisado la situación de 108 individuos, 70 de los cuales ya han sido atendidos, sea con atención previa o con cita futura. Otros servicios municipales han vinculado a unas 25 personas más: quince jóvenes de entre 18 y 21 años que están participando en cursos de alfabetización, actividades comunitarias y formación; y una quincena de personas atendidas por el Servicio de Orientación y Atención al Sinhogarismo (SOAS) que en principio deberían tener la posibilidad de pernoctar en centros de primera acogida y acceder a comedores.
Durante el mes de enero también se ha desplegado en la zona la Cruz Roja, que ha montado un dispositivo sanitario para realizar cuidados básicos a los habitantes del campamento, controles de temperatura, cinco derivaciones hospitalarias y atención a problemas como infecciones dentales.
Por su parte, el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha subrayado que era «imprescindible» hacer esta intervención para poder «sanear el terreno y eliminar la presencia de roedores». Navarro asegura que la situación ponía en riesgo la salud tanto de las personas que viven en el asentamiento como del conjunto de trabajadores del polígono industrial. El delegado ha recordado que hace mucho tiempo que se está trabajando con cada uno de los habitantes del campamento para ofrecerles alternativas, no solo en cuanto a su ubicación, sino también para su integración en la sociedad y la posibilidad de vivir en condiciones dignas.
Las primeras reacciones tras el inicio del desalojo no se han hecho esperar. «Un día más nos despertamos con lo que significa el Plan Endreça: desplazar personas sin hogar. Alojamientos de urgencia colapsados y más gente viviendo a la intemperie que nunca en una Barcelona donde Collboni no hace nada. Necesitamos políticas sociales y de vivienda reales, no desplazar problemas», ha dicho la concejala de Barcelona En Comú, Carol Recio, a través de una publicación en redes.
Diversos asentamientos en el mismo polígono
Este macroasentamiento no es el único que encontramos en el polígono de la capital catalana. En una antigua nave industrial abandonada, ubicada en la vecina calle número 62, también residen en condiciones precarias decenas de personas, tal como informó Betevé a mediados del pasado mes de noviembre. Solo hay que dar una vuelta por la zona para comprobar que, en muchos de los márgenes de la carretera donde crecen el césped y las malas hierbas, se han instalado pequeños grupúsculos de tiendas.
