Mientras medio millar de personas evitaban a primera hora de este miércoles el desalojo en el bloque Sant Agustí en Gràcia, un centenar de personas eran desalojadas de un núcleo de barracas en la Sagrera. La actuación llegaba -según denuncian los afectados- sin aviso previo poco antes de las ocho y sorprendía a muchos de los inquilinos de las casitas de autoconstrucción del entorno del pont del Treball a medio desayuno o incluso durmiendo. Este es el panorama que se encontraron los efectivos de los Bomberos de Barcelona cuando accedieron a los infrahabitatges, ubicados en terrenos que son propiedad de Adif. En alguna de las barracas, la mesa todavía estaba puesta con la comida echándose a perder. También encontraron muchos efectos personales de cierto valor que se quedaron allí. Sus propietarios no tuvieron tiempo de llevarse prácticamente nada. «No nos dejaron coger nuestras cosas y tampoco nos dejan entrar ahora a buscarlas«, lamentaba Cristi, un rumano de 38 años que cinco horas después de la entrada de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra continuaba esperando frente al acceso principal al asentamiento.
La espera de este hombre no sirvió. A primera hora de la tarde, las excavadoras ya habían arrasado las primeras casitas, reduciéndolas a escombros. El Ayuntamiento de Barcelona justificó la celeridad de esta intervención en una inspección de los efectivos de emergencias que alertaba de un «riesgo inminente» de incendio dado que ya se produjo uno en el espacio hace unos días. Así lo expresaban los mismos Bomberos, que habían detectado en el asentamiento una cantidad elevada de bombonas de butano, así como acceso fraudulento a la corriente eléctrica. Todo ello convertía el espacio en un polvorín, dado que las construcciones estaban hechas principalmente de maderas y otros materiales diversos que podían ser altamente inflamables, suponiendo un riesgo para la integridad de los inquilinos de las casitas. Sin embargo, algunos de los efectivos consultados reconocían que se les podría haber dejado unas horas para recoger sus pertenencias garantizando la seguridad tanto de los agentes como de los afectados.
Este acceso a la electricidad que tenían los barraquistas es un extremo que confirmaba Cristi. «Aquí se estaba muy bien. Teníamos luz y agua, era casi como una casa», aseguraba. Él llegó a este núcleo de barracas hace casi dos años después del desalojo de otro asentamiento ubicado en el barrio del Parc i la Llacuna del Poblenou. «Me echaron de allí y ahora también de aquí«, decía con resignación. A su lado, Yonella y Erika -también rumanas de 53 y 46 años, respectivamente- permanecían sentadas sin saber bien qué hacer al lado de los dos carros y alguna maleta donde tenían las únicas pertenencias que habían podido recoger antes de ser desalojadas. «La comida se ha quedado toda dentro… Una vecina nos ha traído esto», decía la más veterana señalando un paquete de galletas saladas. La otra se mantenía abrazada a su perro, cuyo pienso también se había quedado dentro del infrahabitatge. «No le puedo dar nada a él y a mí también me empieza a doler la cabeza del hambre», añadía.
Tanto el hombre como sus compatriotas se dedican principalmente a la recogida de chatarra, uno de los pocos trabajos a los que puedes optar si no tienes papeles. La crisis, sin embargo, también ha llegado a este sector. «Esto es como el euro, ha bajado mucho en los últimos años. Si consigues llenar un carro de cobre, puedes llegar a ganar 500 euros, pero eso solo pasa una o dos veces al año», explicaba el hombre. Los tres llegaron hace ya unos cuantos años a Cataluña en busca de una vida mejor. Durante este tiempo, han malvivido en diferentes asentamientos. El del pont del Treball quizás era el más numeroso en el que han estado, con más de un centenar de personas residiendo allí. Preguntados por qué harán ahora, encogían los hombros y señalaban los carros con sus pertenencias. «No tenemos dinero ni para comer, ¿cómo vamos a tener para alquilar nada… Tomaremos nuestras cosas y montaremos otra casita aquí mismo o donde podamos», afirmaba Cristi. Los afectados aseguran que dada su situación de irregularidad no se les ha ofrecido ninguna alternativa de vivienda.
Las cifras de tres meses con desalojos masivos
Si miramos el balance oficial facilitado por el consistorio, del total de 126 personas desalojadas, hasta 58 han accedido a recibir atención por parte de servicios sociales municipales, mientras que el resto indican que la han rechazado. Entre los afectados no había menores y se han producido dos detenciones: un individuo que estaba en busca y captura y otro por una infracción de la ley de extranjería. El asentamiento estaba formado por barracas y tiendas de campaña, con bastante material acumulado fuera y electrodomésticos con instalaciones eléctricas pinchadas. Las personas que malvivían allí también utilizaban como mencionábamos antes sistemas de gas y fogatas e incluso alguno dormía sobre un transformador eléctrico. Todos estos elementos, sumados al incendio que tuvo lugar hace unos días, motivaron el informe de los Bomberos de Barcelona. Este concluía que había un riesgo inminente con un alto «peligro de atrapamiento» por las características del asentamiento si volvía a producirse un fuego que no se pudiera controlar a tiempo.
Según el último censo municipal, en Barcelona hay cerca de 450 personas viviendo en infrahabitatges, más de la mitad en asentamientos. Quizás el más grande hasta ahora detectado era el de la calle número 2 de la Zona Franca, desalojado en hasta dos ocasiones hace poco más de un mes alegando que suponía un problema de salubridad por la proliferación de ratas. La mayoría de los afectados por estos desalojos están atrapados en un callejón sin salida por la falta de papeles, lo que les complica encontrar un trabajo estable. El empadronamiento o la regularización planteada por el gobierno español parecen ser las únicas vías que tienen a su alcance para poder reintegrarse en la sociedad y abandonar esta precariedad.
Tras la actuación de este miércoles, todas las miradas apuntan al asentamiento que aún resiste también en terrenos de Adif al lado de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, tocada de muerte y pendiente de demolición. Se calcula que allí residen cerca de un centenar de personas que la semana pasada ya recibieron una notificación municipal donde se les indicaba que su domicilio era considerado un infrahabitatge y se les instaba a abandonarlo en los próximos días.
