Esta última semana de enero en Barcelona estará marcada por dos hechos muy ligados entre sí y la crisis de la vivienda en la capital catalana. El desalojo de la Antiga Massana ha supuesto una declaración de intenciones del gobierno de Jaume Collboni pocos días antes del desalojo del primer vecino de Casa Orsola. La Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha ofrecido como mediadora entre los propietarios del inmueble y los inquilinos, y ha pedido a las partes implicadas que hagan «todos los esfuerzos posibles» para encontrar un espacio de diálogo y reflexión que permita llegar a una solución «de consenso». El síndico David Bondia ha sido quien se ha ofrecido a mediar entre las partes implicadas e instado al Ayuntamiento de Barcelona a proponer soluciones.
Precisamente el gobierno municipal ha celebrado la iniciativa de la Sindicatura de Greuges, y ha pedido a las partes que se sienten a la mesa de negociación y encuentren una solución. El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, ha asegurado que desde Sant Jaume están trabajando para poder crear un escenario en el que sea posible evitar el desalojo previsto para este viernes. Riera ha señalado que «una buena solución, de entrada, sería suspender el lanzamiento y encontrarnos todos en una mesa, eso sería un camino», motivo por el cual ha celebrado la iniciativa presentada por la Sindicatura de Greuges.
El comisionado de vivienda ha señalado que el gobierno de Jaume Collboni está dispuesto a dotar de recursos la negociación y «ayudar» a encontrar un punto de entendimiento entre los inquilinos y la propiedad del edificio. “Todas las partes debemos aferrarnos a ello”, ha añadido un Riera que ha dicho que el Ayuntamiento está “activamente” para evitar que se produzcan más casos como este en la capital catalana.
Los inquilinos abren la puerta a la mediación
En una entrevista realizada a Betevé, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Enric Aragonès, ha asegurado que “la puerta sigue abierta” para encontrar una solución entre la propiedad y los inquilinos. Aragonès ha señalado que “si la propiedad se sienta a negociar, estaremos”, a la vez que ha recordado y criticado que la propiedad de Casa Orsola “en tres años no ha hecho en ningún momento ninguna propuesta que se pudiera valorar o formar parte de una negociación”. A pesar de los cantos de sirena sobre una posible mediación entre las partes, Aragonès ha mantenido un llamado a la ciudadanía para evitar el desalojo del primer vecino de Casa Orsola. “Queremos que no se atrevan a desalojarla, que la Casa Orsola sea indesalojable”, ha sentenciado el portavoz.
La propiedad de la Casa Orsola carga contra los inquilinos del edificio
La propiedad del inmueble acusó ayer por la tarde al Sindicato de Inquilinas de manipular a los inquilinos y hacerles creer que pueden mantener sus contratos indefinidamente. Han acusado a los inquilinos de crear un falso relato de “desalojos masivos” que, según argumentan, no es real. Los propietarios exigen el fin de «las campañas de hostigamiento» y piden a las administraciones competentes que actúen con medidas contundentes para evitar que estas prácticas se perpetúen.
