El gobierno de Jaume Collboni ha puesto una fecha límite para aprobar la reforma de la reserva del 30% para vivienda protegida. La modificación de la medida, que no ha tenido el impacto esperado por los Comuns, debe cerrarse antes del 1 de agosto o quedará pendiente para el próximo mandato. Así lo ha advertido el teniente de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, en una entrevista a Ser Catalunya. “No podemos eternizar los debates. Si antes del verano no hay acuerdo, no discutimos, quedará cerrado en discusión política”, ha avanzado. El gobierno municipal solo mantiene conversaciones abiertas con Junts, que a cambio de apoyar los planes de Collboni para modificar el 30% quiere una rebaja del IBI del 4% en las ordenanzas fiscales del próximo año.
Valls ha recordado que la medida, tal como está planteada, “no ha funcionado” y considera que “todos hacen esta misma crítica”, aunque algunos partidos como el mismo PSC y Junts apuestan por diluirla y otros como los Comuns la reformularían para hacerla más contundente. El teniente de alcaldía solo ha hablado de las negociaciones con Junts para confirmar que “no hay acuerdo” y ha apostado por continuar hablando. “Ante su planteamiento, les hemos hecho propuestas. Prefiero que sea un debate dentro de un marco de negociación con un grupo político”, ha añadido Valls, que también ha reconocido que la “fragmentación del consistorio” obliga a buscar alianzas a izquierda y derecha. En el caso del 30%, BComú no quiere negociar una rebaja de los planteamientos y ERC no está dispuesta a aprobar rebajas fiscales como contraprestación, por lo que solo queda Junts, con quien Collboni tiene suficiente para sumar los 21 votos que marcan la mayoría en el Ayuntamiento.
¿Qué propone el PSC para reformar el 30%?
La propuesta que el gobierno municipal ha hecho llegar a los grupos municipales supone dejar las grandes rehabilitaciones prácticamente fuera de la obligación de reservar espacio para hacer vivienda protegida, ya que aumenta la superficie mínima de aplicación de los 600 a los 1.500 metros cuadrados. En un principio, se habló de que la iniciativa se debatiera en la comisión de Economía de esta semana, pero finalmente los socialistas han optado por la prudencia y continuarán hablando con Junts. El grupo que lidera Jordi Martí Galbis ha puesto como condiciones para aprobar la reforma varias propuestas en materia de vivienda y reducir un 4% el IBI.
El documento solo fija dos excepciones para que las grandes rehabilitaciones estén afectadas por el 30%: cuando se produzca un cambio de uso en el edificio y pase a vivienda plurifamiliar y en las divisiones horizontales en fincas de propiedad vertical, excepto en los casos en los que el edificio haya sido reformado en los 10 años anteriores. Según denuncian los Comuns, este planteamiento reduce de 4.000 a unos 1.350 los potenciales edificios afectados por la medida. La otra gran novedad es que el 30% se mantiene en los edificios de obra nueva de más de 600 metros cuadrados construidos, pero abre la puerta a construir los pisos protegidos en otros solares del mismo barrio o de barrios adyacentes, a hacer permutas con otros edificios o incluso a pagar una cuota al Ayuntamiento para que sea el consistorio el que los construya.
