Los pisos de uso turístico son uno de los muchos problemas que tiene Barcelona en términos de vivienda. Estos apartamentos dedicados exclusivamente a alojar turistas y sin posibilidad de ser utilizados en el mercado de alquiler habitual se han convertido en una arma que desprotege los barceloneses. Es por eso que cuando la ley de vivienda dejó fuera de la regulación esta clase de alquileres, desde el ayuntamiento aseguraron que intentarían buscar la manera de tenerlos controlados. En esta línea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha comprometido este viernes a «duplicar los recursos que se dedican a las inspecciones de viviendas de uso turístico» antes de que acabe el año.
En respuesta a un ruego de BComú en el pleno municipal, ha negado que en 2024 hayan disminuido las inspecciones de este tipo viviendas para «luchar contra la ilegalidad», como sí que ha sostenido la regidora de BComú, Janet Sanz, sino que se han incrementado, según sus datos. De hecho, no es la primera vez que Collboni se ensaña con los pisos turísticos y fue el mismo alcalde el que hace meses anunció que Barcelona se libraría de esta clase de alojamientos el 2028. Unas declaraciones que no gustaron al sector privado y que incluso Apartur aseguró que las denuncias por cerrar pisos turísticos podían llegar a los 3.000 millones en Barcelona.
El fraude como conflicto a resolver
«Nos preocupa la organización sistémica de la ilegalidad», ha dicho Collboni, y ha defendido que el Ayuntamiento de Barcelona ha detectado y sancionado a multiinfractores en este sector. En este sentido, el alcalde ha recordado que desde el ayuntamiento se busca atrapar estos propietarios que utilizan los alquileres turísticos para saltarse normativas o incluso no cumplen con la ley directamente.
