El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, llevará las reclamaciones de los barceloneses en materia de vivienda a las instituciones europeas. El jefe del gobierno municipal viajará a Bruselas entre el 18 y el 20 de febrero para trasladar al ejecutivo comunitario las demandas no solo de la capital del país, sino de una docena de ciudades de la UE en el marco de una alianza transfronteriza para «garantizar el derecho a la vivienda». En este sentido, los consistorios presentarán un documento con una serie de reclamaciones para dar «protagonismo» al ámbito local a la hora de decidir la hoja de ruta de la UE en materia residencial, dado que es el marco donde la crisis se hace más evidente.
Durante su estancia en Bruselas, Collboni se encontrará con los alcaldes de algunas de las principales capitales de la UE, entre las cuales destacan París, Roma o Ámsterdam. La agrupación presentará un documento ante el comisario responsable de Energía y Vivienda, el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. El alcalde barcelonés participará también en la audiencia sobre alquileres de temporada de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Europarlamento; así como en el plenario del Comité de las Regiones, que culminará la estancia en Bruselas el próximo 20 de febrero.
Acción conjunta de ciudades
Las 12 ciudades aliadas en este movimiento para elevar sus reclamaciones a las instituciones europeas agrupan más de 14 millones de habitantes. El objetivo, sobre esta importante masa social, es cristalizar el protagonismo del mundo local en la gestión del mercado residencial mediante el establecimiento de un mecanismo de gobernanza permanente creado para este fin; así como un «diálogo directo» de los ayuntamientos movilizados con el nuevo Grupo de Trabajo de Vivienda de la Comisión Europea. Así, la alianza da continuidad a su primer acercamiento a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a quien enviaron una carta el pasado mes de diciembre para reclamar un acceso a la «primera línea» del diseño de las políticas comunitarias, así como un reparto más descentralizado de los recursos asignados por Bruselas para combatir la brecha residencial.
