A veces, el que se hace va cargado de simbolismo, y parece que Jaume Collboni aplica este criterio siempre que puede para dar carpetazo a proyectos, actuaciones, acuerdos o convenios, como es el caso, del gobierno de Ada Colau. Si hace unos meses el nuevo alcalde borró el urbanismo táctico de la calle Pelai, un ejemplo bastante ilustrativo, ahora ha decidido poner fin a un convenio sobre los programas
Según ha aprobado la comisión de gobierno con fecha 29 de diciembre de 2023 [ver aquí, punto 18], el citado convenio es resuelto «por mutuo acuerdo de las partes» con efectos 31 de agosto, dos meses y medio después de que el PSC llegara a la alcaldía de Barcelona y un año y medio antes de su finalización. Había sido subscrito el 9 de marzo de 2021, cuando Colau era alcaldesa y presidenta del AMB, y prorrogado el 13 de marzo del 2023 por otros dos años. A consecuencia de la finalización del convenio, el consistorio barcelonés tiene que pagar a la AMB 47.982,90 euros, en concepto de liquidación económica, y anula un gasto a favor de la misma administración por valor de 18.117,31 euros.
La finalidad del convenio, «satisfactoria»
Fuentes municipales aseguran al TOT que «ambas instituciones constatan que la finalidad del convenio se ha logrado de forma satisfactoria y que las actuaciones contempladas en este han contribuido a generar un espacio de colaboración estable en el marco de los dos programas, permitiendo impulsar acciones en el ámbito de la recuperación del espacio público y la movilidad sostenible», indican las fuentes sin precisar para qué servía exactamente el citado convenio. Y añaden que tanto el Ayuntamiento como el AMB, “en conformidad con el establecido en el pacto noveno apartado d) del convenio subscrito el 9 de marzo de 2021, acuerdan, por unanimidad, aprobar la resolución del convenio con fecha 31 de agosto de 2023 de mutuo acuerdo. Así mismo, se acuerda aprobar la liquidación económica hasta la fecha de resolución, con fecha 31 de agosto de 2023”.
La página de transparencia municipal indica que el acuerdo fue firmado entre ambas administraciones por primera vez el marzo de 2021 por un valor de 120.405,90 euros y una vigencia de dos años, hasta el 8 de marzo de 2023, cuando fue renovado. Fue impulsado por el área de Urbanismo, que encabezaba la teniente Janet Sanz, en el marco del desarrollo de los programas
Renovación por más de 120.000 euros
La renovación del convenio tuvo lugar dos meses y medio antes de las municipales por un importe de 120.405,86 euros, a razón de una cantidad máxima de 59.459,69 euros el primer año y 60.946,17 euros el segundo, dice el texto publicado a la Gaceta Municipal. Es decir, entre el primer convenio y la posterior renovación, el coste ha subido además de 240.000 euros. El acuerdo fue firmado por el entonces arquitecto cabe Xavier Matilla, cesado por Collboni solo ser nombrado alcalde, y el vicepresidente ejecutivo del AMB Antoni Balmón, entre otros. Dos meses y medio después de llegar a la alcaldía, el líder socialista, al frente de las dos administraciones, ha decidido poner fin, a través de la nueva jefa de arquitecta municipal, Maria Buhigas.
El acuerdo se centraba esencialmente «en los ámbitos de movilidad sostenible y de articulación, conectividad y funcionalidad de los territorios, apoyando a la coordinación técnica y la ejecución de los proyectos y medidas resultantes de los mencionados programas, incluyendo también la interlocución y procesos participativos con entidades vecinales y sectoriales». A grandes rasgos, el AMB se encargaba de aportar «los recursos necesarios para asesorar en materia de recuperación del espacio público y de movilidad sostenible, y más concretamente, la colaboración y el apoyo de personal técnico especializado», a través de una persona de un perfil adecuado de la plantilla actual de la entidad, y el Ayuntamiento asumía la financiación y se encargaba también «del desarrollo de las tareas de dirección y coordinación de los programas y actuaciones».
No es “nada relevante”, según los Comunes
Fuentes de Barcelona en Comú consultadas por el TOT tampoco concretan por qué servía el citado convenio y consideran que no es «nada relevante».
