El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya ha puesto las cartas sobre la mesa en cuanto al reserva del 30% de vivienda pública. El líder socialista ha contratado los servicios de la economista Carme Trilla, experta en políticas de vivienda, para hacer más «eficaz» esta medida impulsada en 2018 durante el mandato de Ada Colau, pero en ningún caso se ha mostrado partidario de «suprimirla».
Según ha explicado este jueves el ejecutivo en una rueda de prensa, Trilla -que actualmente preside el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y también la Fundación Hàbitat3- presidirá un comité de expertos que asesorará al gobierno municipal de cara al nuevo plan de vivienda, que tendrá entre sus máximas «bajar los precios de compra y de alquiler» para que la vivienda no sea un «bien de lujo» y que se implantará cuando el recorrido del actual acabe en 2025. En paralelo, la economista está estudiando con un grupo de trabajo como mejorar la medida después de que no haya dado los resultados esperados, tal como apuntan desde el consistorio.
Collboni ha insistido que no trabaja para suprimir la medida del 30% sino para «encontrar la fórmula» para mejorar su aplicación, puesto que se habían previsto unos 300 pisos al año como consecuencia de la aplicación del 30%, pero, pasados cinco años, no se ha llegado ni a los 60. «Algo no va», ha remarcado el alcalde. En este sentido, el socialista reconoce que la vivienda es la «primera fuente de desigualdades en la ciudad» y que las dificultades para acceder son un problema «de primera magnitud»: «Mucha gente joven de clase mediana trabajadora, que tiene salarios más o menos estables y razonables, no son capaces de afrontar un alquiler, y ya no digamos la compra de vivienda, en la ciudad».
