El Senado español ha reunido esta mañana a los alcaldes de Barcelona, Jaume Collboni, y el de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida. El primero, defensor acérrimo de la regulación del alquiler impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez; el segundo, opositor habitual del ‘sanchismo’, lo ha calificado de «ocurrencia política» y ha pedido a la Moncloa que no interfiera en competencias autonómicas. Collboni ha participado del segundo debate, ya sin Almeida pero preparado para una “batalla de datos” con la representante del PP. Fiel al modelo impulsado por Sánchez, el alcalde socialista ha reivindicado las bondades de la ley española. No lo ha vendido como una medida estructural –aspecto que ha reiterado en dos ocasiones– sino como una herramienta “paliativa” que sirve para “parar el golpe y ganar tiempo para que haya más oferta”. “Los precios han bajado un 4,9% en Barcelona”, ha sentenciado.
Collboni ha preguntado al resto de formaciones “qué medidas podemos tomar” si no es la regulación para contener los precios de la vivienda. Los datos “oficiales” –ha cargado contra los portales inmobiliarios– demuestran que las familias barcelonesas destinan más de un 30% de la renta a la vivienda, ha cuestionado el alcalde, que ha defendido la construcción pública, la colaboración con empresas privadas y la eliminación de los pisos turísticos como ingredientes principales de su receta. “Nuestro objetivo es que el 15% de la vivienda sea pública porque esto permite dar cobertura a los sectores más vulnerables, a las familias trabajadoras y a los jóvenes”, ha apuntado, fijando el objetivo de su gobierno en 1.000 viviendas públicas nuevas anuales.
Collboni ha reivindicado la decisión de no renovar las licencias de los pisos turísticos en 2028, una decisión que no ha tomado ninguna otra ciudad del mundo. Una medida “drástica”, en palabras del propio alcalde, que otros municipios “de signos políticos muy diferentes” ya están “comenzando a hacer”. El líder socialista en Barcelona ha destacado esta y el resto de medidas –para la oposición, más anuncios que medidas reales– como un intento para que los vecinos no tengan que irse de la ciudad. No ha mencionado, en cambio, la rehabilitación de pisos, una de las grandes crisis residenciales invisibles de Barcelona. Una preocupación que afecta sobre todo a los vecinos de los barrios del Besòs y Trinitat Vella. El alcalde también ha pasado de puntillas por la reserva obligatoria del 30% a vivienda asequible, uno de los principales fracasos de su ejecutivo. El PSC defiende que no funciona y que se debe revisar, pero no ha conseguido convencer a Junts. Collboni ha aprovechado la réplica al senador de Junts para recordar que CIU apoyó la normativa en 2018.
Junts y ERC ven un discurso “triunfalista”
Junts y ERC, que han intervenido en castellano porque el reglamento del Senado aún no les permite hacerlo en catalán, han criticado el “triunfalismo” de Collboni. El miembro de Junts Joan Baptista Bagué ha comenzado con una autocrítica genérica, probablemente dirigida a todos los alcaldes anteriores. “Muchos ayuntamientos sacaron a subasta suelo residencial para financiarse”, ha lamentado como preludio de una crítica, ahora sí, dirigida a Collboni. “Hace falta más humildad si la realidad desmonta todas las medidas implementadas por el PSC y sus socios de Comuns, de la alcaldesa Colau”, ha espetado. Ha acusado al anterior gobierno de coalición de Barcelona de generar “inseguridad jurídica” y al PSC de hacer “seguidismo” de “seis diputados [de los Comuns] en el Parlamento”.
El republicano Joan Josep Queralt ha reprochado que no mencione a ERC en su intervención, aludiendo que muchas de las medidas implementadas por Collboni en Barcelona tienen también el sello republicano. Es más, ha reprochado al socialista que no “huyera de todas estas reformas” cuando ERC gobernaba en solitario el Parlamento. El republicano también ha cuestionado que Collboni no reclame a los compañeros de Madrid “el gran patrimonio inmobiliario del Estado que hay en Barcelona”. Empezando por la comisaría de la Via Laietana, en primera instancia, polémica por los equilibrios que quiere hacer la Moncloa; por un lado, calificándola de espacio de memoria, pero, por otro, negándose a retirar la policía. Queralt también ha pedido el traspaso del cuartel del Bruc, del Banco de España, la delegación del gobierno del Pla de Palau, o las aduanas.
Durante la comisión también han intervenido el PP, que ha acusado a Collboni de “distorsionar” los datos, y los representantes de PSOE, Vox, el PNB y el partido Eivissa i Formentera al Senat.
