Giro de guion en el caso de la Casa Orsola. Después de que este lunes por la mañana se anunciara el aplazamiento por cuarta vez del desahucio de uno de los vecinos de este edificio centenario del Eixample, el fondo propietario de la finca ha decidido abrir la puerta a una eventual venta del inmueble. Así lo ha asegurado en una carta abierta el responsable de la compañía propietaria, Albert Ollé, que apunta que su única intención era «mantener de forma sostenible un edificio modernista».
«Supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca. Cuando eso ocurra, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos», señala Ollé, que acusa a algunos inquilinos de malas praxis y agradece los intentos de mediación tanto del Síndic de Greuges como del Ayuntamiento de Barcelona, aunque reconoce que llegan «un poco tarde». En la misiva contundente, el propietario de la finca afirma que todos los inquilinos que se dirigieron directamente a la sociedad propietaria del edificio del Eixample «encontraron una solución» y dispara contra el primer inquilino que debe ser desahuciado, Josep Torrent, de quien dice que no ha querido hablar directamente con la propiedad, sino siempre a través del Sindicat de Llogateres.
Ollé asegura que en los últimos tres años el edificio ha sufrido ocupaciones ilegales y actos vandálicos que han dañado el patrimonio modernista de la finca. «Puertas rotas, paredes pintadas y espacios comunes abandonados no son símbolos de justicia social, sino de la incapacidad para conciliar derechos y deberes«, reflexiona.
«¿Quiénes son los verdaderos buitres?»
Sobre la carta abierta de Torrent donde culpaba a las administraciones de su situación, el propietario se pregunta «¿quiénes son los verdaderos buitres?» y habla de «valores pisoteados» o «diluidos», en referencia a las consignas impulsadas desde el Sindicato. «Quizás en lugar de buscar culpables, debería reflexionar si su situación no es consecuencia de haber confiado en aquellos que prometieron miles de viviendas sociales y no construyeron casi ninguna, o de haber votado por quien impuso la obligación del 30% de protección oficial, paralizando así la construcción de nuevas viviendas en Barcelona; ahora todos pagamos las consecuencias», concluye.
Mediación en marcha
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que el consistorio ya está trabajando junto con el Síndic de Greuges de Barcelona en un proceso de mediación entre inquilinos y propiedad de la Casa Orsola. En unas declaraciones recogidas por la ACN, el alcalde socialista ha evitado hablar de esta posible compra y se ha limitado a decir que se debe ser «muy pulcro» con el tema y esperar el resultado de las negociaciones.
Collboni ha afirmado que el objetivo final de esta mediación debe ser «encontrar una solución» y ha celebrado el aplazamiento porque para lograr este acuerdo «se necesita más tiempo». «Han entendido que se debe encontrar una solución acordada», ha dicho sobre la predisposición de todas las partes. El alcalde ha querido reiterar el «compromiso» del gobierno municipal con la defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que la voluntad es que este derecho esté «garantizado para todos y cada uno de los inquilinos de la Casa Orsola».
