La vida se abre paso incluso en las condiciones más adversas. Después de más 20 años enrocados a la espera del prometido derribo, los vecinos del bloque Venus de la Mina volvían a levantar la voz la semana pasada por enésima vez para anunciar su intención de sacar adelante la demanda por daños morales y perjuicios que una treintena de inquilinos interpusieron en 2019 por la demora en la demolición. La reactivación de este proceso se produce después de que las negociaciones de los últimos meses con la oficina técnica creada específicamente para estudiar los casos de las cerca de 240 familias del inmueble ubicado en la zona sur de Sant Adrià de Besòs hayan desembocado en un ultimátum a los afectados, que parecen forzados a aceptar los precios de expropiación y la compensación económica planteados por las autoridades si no quieren renunciar temporalmente al realojamiento.
Este supuesto “chantaje” denunciado por los vecinos -que tendría por objetivo evitar que la demanda siga su curso- sumado a la desidia de las diferentes instituciones implicadas durante estas dos décadas de parálisis ha conseguido un hito que hasta ahora había sido imposible: agrupar a una mayoría de los inquilinos de este fracturado bloque bajo una misma voz. Medio centenar de familias han decidido sumarse ahora a la reclamación contra el Consorcio de la Mina, de forma que más de un tercio de los afectados apuesta por quemar todos los cartuchos al alcance para obtener la indemnización que consideran justa por las condiciones precarias en las cuales han tenido que vivir todos estos años.
Vulneración de derechos y primeros frutos
«Fue un choque que nos dijeran desde la oficina técnica que no nos podrían realojar si no sacábamos la demanda. Yo le dejé muy claro a la trabajadora: «Me estás coaccionando». Tenemos todo el derecho a reclamar la indemnización», asegura Paqui Jiménez, vecina del edificio y alma mater del colectivo de afectados. Jiménez es una de las inquilinas que pide a las autoridades una compensación de 10.000 euros por cada año de parálisis injustificada del procedimiento de expropiación y realojamiento. «Sabemos que es una barbaridad, pero es que de momento solo nos han concedido 5.000 euros después de 13 años esperando el derribo. Nosotros también tenemos derecho a vivir como una persona», afirma contundente, en una alusión a las condiciones infrahumanas de muchos de los residentes.
Precisamente, el reconocimiento del derecho a recibir una indemnización -por ínfima que sea actualmente- ha sido uno de los detonantes que ha llevado a más inquilinos a sumarse a la cruzada iniciada por unas cuarenta familias ahora hace cuatro años y que acabó provocando la reactivación del proyecto de derribo después de dos décadas parado gracias a una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «Los vecinos han visto que esta vía está dando sus frutos y esto les ha dado la valentía suficiente para apuntarse finalmente», señala Jiménez.
El primer objetivo de esta nueva hornada de demandas es conseguir el reconocimiento de estos 5.000 euros en concepto de indemnización por parte del Consorcio de la Mina que ya tienen una parte de los inquilinos. Una vez logrado este paso, la intención es seguir negociando para acercarse a esta cifra de 10.000 eurosael año por hogar, unas compensaciones que de confirmarse supondrían para las administraciones el pago de un total de 12,5 millones de euros a los afectados.
Negociaciones a la expectativa
La siguiente fecha clave en el calendario del bloque Venus tendrá lugar a principios del 2024, cuando está previsto que se apruebe definitivamente el proyecto de expropiación y realojamiento de las familias. Este será el punto donde las administraciones pondrán todas las cartas sobre la mesa y fijarán unos importes ante los cuales los vecinos podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas. «Las negociaciones son complejas porque no hay parámetros objetivos para cuantificar estos daños y perjuicios. Nosotros estamos convencidos de que tenemos razón porque la compensación otorgada hasta ahora es mínima y el retraso en todo el proceso flagrante», apunta Mariona Torra, la abogada del Colectivo Ronda que lleva el caso de los inquilinos.
Tanto Torra como los afectados están un poco a la expectativa de ver cuál es el posicionamiento del Consorcio de la Mina respecto a las tasaciones y la posible indemnización, puesto que la distancia entre las pretensiones de los vecinos y lo que está dispuesto a ofrecer el ente apenas se ha acortado en estos meses. «La demanda se podría retirar si hubiera acuerdo. Estamos dispuestos a negociar, siempre es mejor llegar a un pacto que tener que recurrir a una sentencia», remarca la abogada, que considera que se tendría que separar completamente el proceso de expropiación de la compensación económica que reclaman los inquilinos. De hecho, la letrada argumenta que esta vía legal no supone un atraso para el derribo, puesto que tanto la demolición como los realojamientos se pueden llevar a cabo independientemente.
Objetivo: evitar nuevos bloques Venus
La disputa por las indemnizaciones no enturbia la ardua tarea hecha por la oficina técnica para poner orden al trencadís del bloque Venus y remediar el fracaso del primer proceso de expropiación que se arrastra desde el 2010. Entonces, las diferencias entre las tasaciones de los viejos pisos y el precio de las nuevas viviendas que se ponían a disposición de los vecinos resultaron un escollo insalvable para la mayoría de familias del edificio, que no tenían los recursos económicos para acceder al realojamiento.
«Las administraciones aquí hicieron una chapuza, jurídicamente hablando. Se dejaron en un cajón las alegaciones de las familias por las tasaciones y no se llegaron ni a tramitar. Es triste, pero esto en otro barrio no habría pasado», lamenta Torra, que reconoce que ahora sí que se está poniendo manos a la obra para evitar disfunciones como estas. En este sentido, la abogada confía que el caso del Venus sirva para establecer un precedente y evitar que las administraciones permitan perpetuar una situación tan flagrante como la que han tenido que afrontar los inquilinos de este inmueble de la Mina.
A la espera del siguiente paso adelante en la resolución del proceso, Jiménez encara con filosofía la recta final de una lucha de más de dos décadas que va camino de convertirse en un caso de estudio. «El realojamiento va para largo. El proceso es muy complicado, cada familia es un mundo y tocará esperarnos. Pensar lo contrario sería engañarnos ante la realidad», reflexiona. La portavoz de los afectados, sin embargo, tiene claro que no aceptará marcharse del deteriorado edificio a cualquier precio y que la cruzada por la indemnización tiene que continuar: «Hemos vivido en unas condiciones deplorables durante años por unas malas decisiones políticas. Seguiremos batallando. He perdido 13 años, ya no me viene de unos más».
