Tot Barcelona | Notícies i Informació d'actualitat a Barcelona
Los vecinos del bloque Venus acusan al Govern de chantaje y le reclaman 12,5M

El bloque Venus de la Mina ha vuelto a encender las antorchas contra la Generalitat. Los vecinos de este deteriorado edificio ubicado en la zona sur de Sant Adrià de Besòs, a escasos metros de la frontera con Barcelona, han decidido romper finalmente el silencio de estos últimos meses para denunciar el «chantaje» que están sufriendo las cerca de 240 familias del inmueble a la hora de negociar los precios de expropiación y realojamiento.

Según ha avanzado El Matí de Catalunya Ràdio y ha podido confirmar el TOT Barcelona, un centenar de los afectados sacarán adelante la demanda por daños morales y perjuicios contra el Consorcio de la Mina -que agrupa a los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona, la Generalitat y la Diputació- que una treintena de los inquilinos iniciaron hace unos años por la demora en el proceso de demolición y que acabó provocando la reactivación del proyecto de derribo después de 20 años parado gracias a una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Con esta reclamación, cada uno de los inquilinos piden a la administración catalana 10.000 euros en concepto de indemnización por cada año de parálisis injustificada del procedimiento de expropiación y realojamiento, una cifra que en total ascendería hasta los 12,5 millones de euros.

Enésimas discrepancias con las tasaciones

La decisión de volver a poner en marcha esta vía judicial se produce después de que las gestiones y negociaciones con la oficina técnica creada específicamente para estudiar el realojamiento de los vecinos hayan desembocado en un ultimátum a los afectados por las enésimas discrepancias en las tasaciones de las viviendas. De la mano del Col·lectiu Ronda, los vecinos denuncian que desde la Generalitat se les ha trasladado que si presentan esta reclamación por daños y perjuicios que hasta ahora habían mantenido congelada tendrán que renunciar al realojamiento hasta que todo el procedimiento quede resuelto, ya sea por la vía administrativa o por la judicial. Esto implicaría retrasar todavía más un derribo que se tendría que haber producido hace al menos 13 años y embarcaría los afectados en otro proceso judicial previsiblemente de difícil resolución.

Hay que recordar que la previsión del Departament de Drets Socials era que los primeros realojamientos arrancaran este mismo año y que el bloque fuera a tierra en 2026.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa