El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) alerta que Barcelona renunciaría a casi 19.000 viviendas sociales si modifica la reserva del 30% de vivienda protegida aprobada por el gobierno de Ada Colau. Según un estudio publicado este miércoles, si el Ayuntamiento de Barcelona sigue adelante con la reforma planteada por el ejecutivo de Jaume Collboni, dejaría prácticamente sin efecto una de las medidas estrella de los Comunes, que, a pesar de todo, nunca se ha llegado a aplicar por las reticencias de los constructores, que han detenido muchos proyectos a la espera de que la justicia o los socialistas la anulen.
Según IDRA, la modificación que quiere aprobar el gobierno municipal del PSC, que nunca vio con buenos ojos la medida, reduciría “significativamente” su impacto, ya que el número de edificios afectados pasaría de 3.909 a solo 95. “Una reducción drástica que deja la mayor parte de las viviendas exentas” de la obligación de reservar un 30% de los pisos de nueva construcción para vivienda protegida.
La propuesta del PSC para diluir el 30%, en el cajón
La propuesta del PSC para diluir la reserva del 30% implica “la exención de la mayoría de grandes rehabilitaciones; la periferización de la vivienda protegida; y el desplazamiento de la obligatoriedad de promover vivienda de protección oficial mediante la incorporación de una promotora social”, según denuncia el instituto. En caso de seguir adelante, la reforma generaría una ganancia “extraordinaria” para los inversores y abriría la puerta a la especulación y la expulsión de más vecinos por la falta de vivienda asequible.
Los autores del estudio estiman que más de 3.900 edificios con 62.756 pisos registrados están afectados por la reserva del 30%. Esto supondría hasta 18.827 viviendas protegidas potenciales. Si se excluyen todos los edificios residenciales afectados y solo se aplica la medida en las transformaciones de oficinas e industrias en vivienda, el número de edificios afectados bajaría a 95 y Barcelona solo ganaría 983 pisos protegidos. Con todo, la modificación que quiere hacer el PSC está guardada en un cajón desde junio —ERC y los Comunes no ven con buenos ojos negociar— y el gobierno municipal intentará recuperarla en 2025.
IDRA defiende mantener la reserva del 30%
El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona defiende mantener la reserva del 30% sin cambios para poder valorar su impacto a largo plazo y ponen el ejemplo de París (Francia), donde primero “encontró resistencias y tuvo resultados escasos en los primeros años, pero a medio plazo ha demostrado ser efectiva”. Según IDRA, en la capital francesa entre 2006 y 2017 se ha logrado incorporar 2.950 pisos protegidos y han optado por aumentar hasta el 50% la reserva destinada a vivienda social.
En la capital catalana, recuerdan, solo hace tres años que se aplica. “La aplicación de una moratoria impulsó una avalancha de licencias antes de la entrada en vigor de la medida, y eso permitió la aprobación de 7.509 viviendas sin la reserva del 30%, lo que anula el efecto de la medida en los primeros años de aplicación [2019-2020]”, lamentan. También denuncian que ha habido “fraude” a través de los permisos de obra menor.
