El consenso de los asistentes de cierta edad a la manifestación por la bajada del precio de la vivienda que ha llenado Barcelona esta tarde es claro. Con cierta nostalgia, miembros de las más de 4.000 asociaciones y entidades que han apoyado la marcha disfrutan: «hacía mucho que no se veía algo así». Después de años de ciclo bajista, el estallido social contra la crisis de los alquileres ha vuelto a encender el centro de la ciudad. Más de 175.000 personas, según la organización -22.000 en el análisis de la Guardia Urbana– han clamado, entre Plaza Universidad y la plaza de los Países Catalanes, contra la «mercantilización» del techo, en un momento agónico para los inquilinos de la ciudad. Tras escalar un 40% en solo 10 años, los precios de los contratos de arrendamiento han hecho «insostenible» la situación de los habitantes -tal como insisten en recordar los portavoces del Sindicato de Inquilinas-. Por primera vez, sin embargo, el movimiento ha ampliado el foco del enemigo: los propietarios, sin importar la escala, son «culpables». La amenaza, pues, va hacia ellos: «Rendista, escucha bien, se acerca ya la huelga de alquileres», han cantado miles de voces a la espera de los discursos de la jornada.
Tal como ha sentenciado la portavoz del Congreso de la Vivienda de Cataluña Marta Espriu, las condiciones del mercado del alquiler han estimulado la protesta «más grande de la historia del movimiento catalán por la vivienda». Lejos de las proclamas del pasado -que ponían el punto de mira en bancos, fondos buitre y grandes inversores como enemigos de las bases inquilinas-, la manifestación ha apuntado con bala hacia todos los «rentistas»: desde Blackstone hasta los pequeños propietarios. «Contra todos aquellos que creen que pueden aprovecharse de nuestro trabajo para engordar sus bolsillos«, ha rematado Espriu, especialmente agresiva en su intervención en el atril de la plaza Países Catalanes. Entre gritos de apoyo de los presentes, la portavoz ha dibujado la trinchera que, según aspiran, se debe abrir con esta marcha. Los propietarios, «amparados y protegidos por la ley», son los causantes de la emergencia con los «abusos de poder» que caen sobre las mayorías populares. Esta dinámica es la que busca impugnar la velada: «la vivienda es un derecho, no un negocio».
Las manifestantes convocadas, cabe decir, han respondido con creces a la llamada. Cuando la cabecera ha llegado al improvisado escenario cerca de la estación de Sants, anunciaban los organizadores que la cola aún estaba en plaza Universidad. No lo han podido evitar con las sucesivas paradas para llevar a cabo acciones –frente a la Casa Òrsola, donde esperaba el portavoz del Sindicato de Inquilinas Enric Aragonès desde el balcón del edificio, y en la Calle Tarragona- y esperar a unos participantes demasiado numerosos para implementar una logística fiable. El recorrido, cabe decir, no ha sido especialmente accidentado -algunos militantes, de hecho, bromeaban que había sido una jornada «muy pacífica», con clara intención de proyectar un carácter cívico-. Una vez llegados al final del camino previsto, las consignas han sido más contundentes -contra inmobiliarias, pequeños propietarios y entidades financieras-. La que ha dominado la jornada, sin embargo, ha sido un «se acabó» iracundo, cercano al colapso. «Lo decimos contra el sistema que nos oprime, en el trabajo y en casa», ha exclamado la portavoz del sindicato Riders x Derechos Nuri Soto.
La naturaleza contemporánea de la marcha -la de un movimiento por la vivienda que se sabe diferente al de la Gran Recesión- ha dejado espacio, sin embargo, para reivindicaciones históricas; desde la PAH hasta las mareas. La misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de hecho, constaba entre los más de 4.000 convocados, de la mano de sellos tan diversos como Comisiones Obreras, UGT y la Intersindical; el movimiento scout; el consejo de la juventud de Cataluña o incluso Greenpeace. Soto, de hecho, encuentra en la vivienda el nexo de unión de las reclamaciones de la mayoría de movimientos sociales. Las más de 170.000 personas organizadas este sábado tienen la potencia, según ella, de «desmontar el negocio de especuladores y explotadores, tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo». Sobre esta multitud, la sindicalista se marca la meta de «vencer a la minoría que acumula una riqueza desorbitada». Tal como recordaba Aragonès, en el caso de la vivienda esta minoría es aún más reducida: la población con capacidad de generar rentas inmobiliarias es solo un 6% del total. «Pero actúa corporativamente, a través de inmobiliarias y administradores de fincas», declaraba el portavoz. Dada la organización del enemigo, desde el Sindicato ven especialmente relevante haber alcanzado la fuerza demostrada en la protesta.
Críticas al PSC
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, ha aprovechado su intervención antes de la manifestación para añadir un elemento a la lista de rivales: las administraciones, denuncian, «sirven para asegurar los beneficios» de la propiedad. En este sentido, exige a la clase política que abandone «el humo y las promesas vacías» en cuanto a las garantías residenciales -una reclamación que comparten los manifestantes, al grito de «¿dónde está la ley de la vivienda»-. Todos los niveles institucionales que afectan a los barceloneses, recordaba la portavoz, están en manos de los socialistas; hecho que elimina el «desbarajuste competencial». «El PSC y el PSOE dicen que tienen la gran solución: construir 50.000 pisos», gritaba Espriu en su discurso; una medida ampliamente rechazada por el conjunto del movimiento por la vivienda. Así lo demostraba Aragonès, en recientes declaraciones a este medio: la prioridad para las organizaciones radica en recuperar los inmuebles que los rentistas han expulsado a mercados menos regulados. «Hay 400.000 pisos vacíos, en alquiler de temporada y turísticos en Cataluña. Tenemos pisos de sobra, señores Illa y Collboni», espetaba la portavoz.
Solidificar los agravios
La capacidad de sacar masas a la calle está, a ojos del movimiento, más que demostrada. Alcanzar los objetivos planteados, sin embargo, «requiere mucho más que manifestarse un día», alerta Espriu. El éxito de este sábado se ha construido, diagnostican, sobre la capacidad organizativa de más de un centenar de asambleas locales que han entusiasmado al público objetivo de los convocantes incluso fuera de las fronteras de la región metropolitana de Barcelona. El reto, aseguran los activistas presentes, es hacer sólida esta relación; superar el carácter espontáneo que podía marcar la jornada para «crear militantes». «A ver cómo es la próxima asamblea», comenta una, optimista. «Hace años que estamos organizadas, haciendo más grande el movimiento por la vivienda», continúa la portavoz del Congreso; todo ello para elevar al máximo la presión sobre los rentistas. «Que sepan que no tenemos nada que perder; que no puedan dormir tranquilos», sentencia.
Un programa agresivo
Sobre estas condiciones, y con el potencial que otorgan las más de 170.000 personas convocadas, el Sindicato de Inquilinas hace bandera de un programa ambicioso. La hoja de ruta del movimiento por la vivienda, recuerda Espriu, se fundamenta en cuatro pilares: una rebaja inmediata del 50% del precio de los alquileres, la recuperación de los pisos turísticos y de temporada, la prohibición de la compra para especular y proteger a los inquilinos con renovaciones automáticas que hagan los contratos de arrendamiento efectivamente indefinidos. Las protecciones públicas existentes, apunta Espriu, son del todo «insuficientes»; dado que los alquileres sociales huyen constantemente al mercado abierto y las cláusulas a menudo se vuelven «abusivas». En adelante, la portavoz del Congreso insta a los movilizados a aplicarse a sí mismos el «se acabó» que ha devenido el canto central del día: «Se acabó vivir así».
