La crisis de los alquileres ha llegado a su límite en Barcelona. Más de 170,000 personas según la organización y 22,000 según la Guardia Urbana hicieron estallar el centro de la ciudad en la «masiva» manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas, en un momento de máximos en los precios de los arrendamientos. La marcha, que tiene como objetivo la plaza de los Países Catalanes, ha reunido 4,000 entidades de dentro y fuera del sindicalismo social -Greenpeace, las agrupaciones scouts o CCOO y UGT, entre muchas otras- para exigir una bajada del 50% en los precios de los alquileres. Por primera vez, además, el movimiento por la vivienda ha identificado un enemigo general: «hemos venido a decir a los rentistas que se acabó que nos roben la mitad del salario», ha espetado la portavoz de los organizadores, Carme Arcarazo, flanqueada por una multitud de manifestantes en Plaza Universitat. Tras un aumento de los precios del 45% en los últimos 10 años, la convocatoria ha superado los umbrales de las entidades tradicionales, con una multitud de perfiles no politizados, pero cargados por unas rentas de la vivienda que ocupan cada vez más parte de sus salarios. En el horizonte, «si los políticos y los propietarios no bajan los precios», la polémica huelga de alquileres, que corona las propuestas de acción del movimiento.
La Gran Vía barcelonesa ha bajado cargada de mensajes por la reducción de los precios de los alquileres, en una movilización eminentemente joven -en línea con las estimaciones académicas, que sitúan el 80% de la masa arrendataria del Estado en los menores de 44 años-. La situación, asegura el manifiesto unitario lanzado por los convocantes, es «insostenible», con una carga media que, en la ciudad de Barcelona, supera ampliamente los 1,000 euros mensuales. Las medidas que el Sindicato de Inquilinas y sus aliados ponen sobre la mesa son, pues, «de urgencia»: además de la rebaja del 50% de los costos para los ciudadanos, reclaman establecer contratos indefinidos para evitar «subidas arbitrarias» al finalizar los acuerdos vigentes; así como recuperar los pisos turísticos y de temporada para el mercado general y una normativa que prohíba la compra especulativa -es decir, que solo se pueda adquirir una vivienda para vivir en ella-. En el punto de mira, pues, los propietarios -grandes y pequeños-, pero también unas instituciones incapaces de poner barreras a su actividad. Desde un pequeño camión con cartelería del Sindicato Socialista de la Vivienda de Cataluña, los militantes hacían gritar a los asistentes «¿dónde está la ley de la vivienda?». En este sentido, acusan a la clase política de lanzar «promesas vacías y normas cosméticas» que han dejado vía libre a encarecimientos «sin control» que han imposibilitado el acceso a un techo.
La experiencia de la huelga de alquileres
El movimiento de la vivienda no contempla rebajar el tono a corto plazo. Desde la gran manifestación de Madrid, que reunió a más de 150,000 personas a principios del pasado octubre, la presión ha ido en aumento; y ni el Sindicato ni las organizaciones adheridas se plantean la marcha barcelonesa como un punto final. Si las instituciones no aceptan sus demandas, de hecho, ya han puesto sobre la mesa su arma definitiva: una huelga de alquileres. La propiedad, cabe decir, descarta llegar a este punto; pero el portavoz de la organización convocante Enric Aragonès reiteró a este medio su predisposición. Aunque la iniciativa no tiene cobertura legal, se vuelve cada vez más usual, si bien sin el carácter masivo que le imprime el movimiento catalán. En Estados Unidos hay una multitud de experiencias, aunque concentradas en pequeñas células: bloques de pisos o barriadas propiedad de un gran fondo de inversión, o de un puñado de inversores individuales, detienen el pago de las rentas durante semanas para lograr condiciones negociadoras más favorables. En Nueva York, de hecho, la ley ha llegado a contemplar cambios en el contrato a favor del inquilino si una huelga evidencia incumplimientos del acuerdo por parte del arrendador.
Unidad política del enemigo
Desde el sindicato, celebran la marcha barcelonesa como «histórica», esperando que sea la más grande que ha movilizado nunca la capital catalana para protestas centradas en la vivienda. La movilización debe servir, apuntan, para torcer el brazo de las administraciones a todas las escalas. Con más motivo, apuntan, ahora que el mismo partido gobierna todas las instituciones que regulan la vida barcelonesa: «Ya no hay excusas. Ya no hay ningún embrollo de competencias: el Partido Socialista gobierna en Barcelona, Cataluña y el Estado», exclamaba Carme Arcarazo. Sobre las mismas bases, diversas ciudades del estado español se han levantado en protesta por la «mercantilización del alquiler» que han sufrido en las últimas jornadas. A finales de septiembre, hasta 60,000 personas ocuparon las calles de Valencia; mientras que en Palma la convocatoria reunió a más de 20,000 manifestantes. La marcha barcelonesa reúne a asistentes de todo el país, tras seis semanas de cartelería en las capitales del Principado. Más de 60 comités han movilizado toda la demarcación, para culminar ocupando la Plaza de los Países Catalanes en clara ofensiva contra los rentistas.
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