El tripartito de izquierdas del Ayuntamiento de Barcelona –PSC, Barcelona en Comú y ERC– ha desbloqueado este viernes en el pleno de marzo la aprobación de la Modificación General del Plan Metropolitano (MPGM) para la regulación del uso de la vivienda en la ciudad. Aunque sea provisionalmente (ya que la MPGM debe pasar por la Generalitat), la iniciativa declara, en el ámbito general, la vivienda en Barcelona de uso «residencial y permanente». Concretamente, es el punto de partida para regular los alquileres de temporada, una vía que muchos propietarios utilizan para escapar de los topes del precio del alquiler y del plazo legal de cinco años que debe tener un contrato de alquiler, ya que ofrecen estancias cortas de tiempo, por debajo de un año, para obtener el máximo rendimiento económico. Hace unos días el alcalde Jaume Collboni dijo que era una «fuga fraudulenta de contratos».
En el texto votado, se especifica que el plan aprobado únicamente hace una regulación normativa del uso de la vivienda y será el planeamiento derivado o las ordenanzas municipales los instrumentos para establecer la regulación o limitaciones que sea necesario determinar. El plan establece otros usos «asimilados», como los temporales o totales de la vivienda por razones laborales o de estudios, entre otros supuestos, y los de segunda residencia. Mientras los partidos de izquierdas han votado a favor, Junts per Barcelona, PP y Vox se han opuesto. En opinión de la concejala del PP, Sonia Devesa, los propietarios buscarán otra vía para salirse con la suya. Desde Junts per Barcelona, el concejal Damià Calvet ha asegurado que las políticas de vivienda del gobierno de Collboni son un «fracaso».
«Combatir el fraude»
La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha remarcado que es el primer paso para frenar el alquiler de temporada y «combatir el fraude». En opinión de Bonet, se necesitan todas las herramientas para luchar contra la especulación. «Complementará la inspección y la sanción impulsada por el Ayuntamiento y la Generalitat». La concejala ha dicho, no obstante, que para regular esta oferta será necesario saber cuántos alquileres de temporada hay en Barcelona y dónde. Posteriormente, será necesario hacer el plan especial urbanístico necesario para desarrollar la MPGM.
Es necesario saber cuántos y dónde están los alquileres de temporada
Posteriormente, en una comparecencia ante los medios de comunicación, Bonet ha reiterado que es esencial tener datos lo más exactos posible para saber cuántos alquileres de temporada hay en la ciudad y en qué barrios se encuentran. La primera teniente de alcaldía ha querido dejar claro que el mapa que se elabore servirá para hacer un plan especial urbanístico para regular esta actividad, ya sea por zonas o en el ámbito global de la ciudad. Bonet espera que se pueda hacer en el plazo de tiempo más corto posible, pero no ha querido hacer suya la petición de Barcelona en Comú de que sea en seis meses.
El acuerdo inicial para sacar adelante la MPGM fue entre el PSC y Barcelona en Comú para que los ecosocialistas votaran a favor de las ordenanzas fiscales para el 2026. En su intervención, la presidenta de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, Gemma Tarafa, ha destacado que el paso que se da es muy importante. «Barcelona vuelve a ser pionera. Pero solo es un primer paso. Hay que hacer también un plan especial. En seis meses podemos acabar con esta lacra», ha subrayado Tarafa en referencia a los alquileres de temporada.
Dudas de ERC sobre el impacto real de la MPGM
La concejala de ERC Eva Baró ha expresado sus “dudas” sobre “el impacto real” de la MPGM y ha destacado que el suyo es “un voto político” y “un voto de confianza con los movimientos sociales”. “Hacemos un voto político para evidenciar que nosotros, siempre que llega el momento de la verdad, sabemos lo que debemos hacer… Priorizamos lo que hay que priorizar: la lucha por el derecho a la vivienda”, ha subrayado Baró. Y sobre los movimientos sociales, ERC ha mostrado su “respeto”, ya que son ellos, “en gran medida”, los que hacen avanzar las cosas, ha valorado en referencia al intento de desalojo en la calle de Sant Agustí, 14, esta semana en la Vila de Gràcia.
16 alegaciones
La propuesta de MPGM del alquiler de temporada ha recibido 16 alegaciones (dos de las cuales han sido fuera de plazo) por parte de particulares, empresas privadas, grupos políticos, colegios profesionales, la Cámara de la Propiedad y la Asociación de Promotores y Constructores. Entre las enmiendas se encuentran que la propuesta de normativa vulnera el derecho de la propiedad privada, ya que plantea restricciones desproporcionadas, y el artículo 47 de la Constitución por la “falta de competencia municipal para determinar cómo deben ocuparse o usarse las viviendas libres”. También se denuncia la incompetencia del Ayuntamiento para regular el alquiler de temporada porque se trata de una competencia exclusiva estatal, y la incompetencia del Ayuntamiento para regular la vivienda. En este caso, es una “competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya”.
El pasado diciembre, el Parlamento de Catalunya aprobó una ley en la misma línea que ya garantizaba la aplicación en la capital catalana en caso de que el consistorio no hubiera avalado su propia norma. En enero, en comisión, se intentó aprobar la misma MPGM, pero ERC se opuso. Tal como informó el TOT Barcelona hace unas semanas, las tensiones entre Barcelona en Comú y ERC dificultaban que saliera adelante.
La ley del Parlamento recibió la luz verde con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts rechazó el núcleo de la norma. Entonces, Collboni dijo que con la aprobación de la ley “se acaba” la “fuga fraudulenta” de contratos para eludir el tope de los precios del alquiler que muchos propietarios han utilizado en los últimos meses. La medida, insistió, había sido “largamente reivindicada” por el gobierno municipal y tiene “plenas garantías jurídicas” después de que el Consejo de Garantías Estatutarias la haya avalado.
Rechazada una proposición de Junts en vivienda
Por otro lado, también en el ámbito de la vivienda, el pleno ha rechazado una proposición de Junts que pedía impulsar una política de vivienda integral, planificada y coherente, que garantice la seguridad jurídica y evite favorecer vías de acceso a la vivienda que esquiven la legalidad o los canales sociales establecidos, en referencia por ejemplo a la salida de alojamiento que el Ayuntamiento ha dado a unos vecinos de Vallcarca que ocupaban unas fincas municipales que deben ser derribadas. Además, la iniciativa, entre otros puntos, planteaba que la adquisición de vivienda por parte del Ayuntamiento de Barcelona debe responder a una planificación estratégica de ciudad y articulada con criterios sociales objetivos, y no a la necesidad de resolver crisis puntuales derivadas de la falta de prevención o de la presión mediática, ha subrayado el concejal Damià Calvet, como ha pasado con la Casa Orsola. El texto de Junts ha recibido el voto favorable de PP y Vox, pero el gobierno de Collboni, Barcelona en Comú y ERC se han posicionado en contra.
