1.718.149 barceloneses. El padrón más alto de la historia de la ciudad. Estos eran los resultados del último estudio del censo del Departamento de Estadística y Difusión de Datos del Ayuntamiento que se hicieron públicos a mediados del pasado mes de enero. El informe recogía un incremento de población del 1% respecto a las cifras del ejercicio anterior y también confirmaba que los residentes en la capital catalana nacidos en el extranjero se habían multiplicado por siete en poco más de dos décadas, alcanzando los 573.000 ciudadanos. Ahora bien, entre los datos facilitados había uno en concreto que realmente preocupaba a los especialistas: el aumento desmesurado de los empadronados sin domicilio fijo. El consistorio ya hacía un tiempo que iba detrás de estas estadísticas, tras constatar que desde 2015 se habían multiplicado por doce las personas registradas bajo esta tipología, alcanzando el techo de 45.913 residentes este último año.
Con la voluntad de profundizar un poco más en estos números e identificar las dinámicas que explican este crecimiento exponencial, el ejecutivo encabezado por Jaume Collboni encargó a la compañía KSNET un estudio enfocado desde la vertiente de las prestaciones sociales y de su impacto en el padrón municipal. Las conclusiones de esta investigación -basada en los datos administrativos y complementada con información obtenida tanto de los diferentes servicios y oficinas municipales como de entidades del tercer sector- se han presentado este lunes en una sesión específica en la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales y permiten identificar tres causas principales que han contribuido en diferente medida a este aumento: la crisis de la vivienda, un efecto llamada hacia ciudadanos de otros municipios del área metropolitana donde se están poniendo trabas para empadronarse y un desajuste entre la situación residencial real de los barceloneses y los registros de padrón. La razón de fondo que engloba las tres es la precariedad y, concretamente, el miedo a perder de una manera u otra el acceso a prestaciones sociales, sea en la capital catalana o en la localidad donde estas personas tienen su domicilio en realidad.
22.000 barceloneses en el limbo
Uno de los datos más esclarecedores de esta disfunción que existe con el padrón lo encontramos en el último informe del censo de vivienda en la ciudad, que se realiza cada diez años y que data de 2021. En ese estudio, se constató que en Barcelona había un total de 671.178 hogares. Sin embargo, esta cifra era superior a la del número de viviendas principales que figuraban en el registro, que era un 3,5% inferior. Esto implica que, hace cuatro años, cerca de 22.000 ciudadanos censados o bien compartían piso o bien directamente no residían en la capital catalana. Para entender el porqué del primer supuesto, el estudio del Instituto Municipal de Servicios Sociales ha constatado que el aumento sostenido de los precios del alquiler y la crisis entre la oferta y la demanda han provocado un empeoramiento en la situación económica de muchas familias, ya que la ciudad no tiene suficientes soluciones asequibles para el grueso de afectados. De hecho, si analizamos el mercado inmobiliario barcelonés, solo el 15% de la oferta de alquiler es inferior a los 1.000 euros al mes, mientras que más del 60% supera los 1.400. Este escenario fuerza a los afectados a buscar alternativas que muchas veces son incompatibles con los requisitos y criterios exigidos para empadronarse en un domicilio, de modo que optan por la opción de hacerlo sin un lugar fijo.
En cuanto a los censados en el padrón barcelonés que no residían en la ciudad, el informe reconoce que la capital catalana ponía hasta ahora más facilidades para acreditar esta vinculación con el territorio, permitiendo el empadronamiento a personas aunque no vivieran allí para que pudieran «acceder a las ayudas y acreditaciones necesarias». Esto se tradujo en una especie de efecto llamada para los ciudadanos de municipios del área metropolitana donde se están poniendo trabas al empadronamiento, aunque este está garantizado por Ley como un derecho de la población. Solo en dos años, desde 2022 hasta 2024, 4.832 personas de la demarcación barcelonesa solicitaron formar parte del censo de la capital catalana, la mayoría de los cuales provenían de ciudades donde las políticas con el padrón han levantado polvareda y denuncias por parte de varias entidades sociales.
Inspecciones, músculo municipal y una carta a los Reyes
Con el objetivo de poder conseguir esta foto fidedigna del número de personas que viven en el municipio, las áreas de Acción Social y Derechos Sociales del Ayuntamiento decidieron incorporar hace un año y medio toda una serie de modificaciones en los criterios para la obtención del informe de conocimiento de residencia (ICR), un documento que efectivamente acredita que la persona vive en la ciudad. Se optó por ampliar el número de revisiones e inspecciones, que hasta entonces eran aleatorias y comenzaron a ser obligatorias. Cuando se empezó a introducir los cambios sobre el terreno, un 70% de los controles de domicilio terminaban con resultado negativo, es decir, que no se podría comprobar que la persona inscrita vivía en el lugar indicado. Este porcentaje se ha logrado reducir desde entonces hasta el 40% del total de inspecciones, un descenso sustancial, pero que aún tiene recorrido para mejorar.
En paralelo, el consistorio apostó por ampliar el circuito destinado a facilitar el empadronamiento habilitando hasta 48 centros de servicios sociales donde se pueden realizar estos procesos. Todo ello para garantizar que nadie tenga que esperar más de dos meses y medio para obtener un certificado ICR, sean personas sin hogar o sin domicilio fijo. En cuanto a los ciudadanos que por diversas razones constaban en el registro como si vivieran en un local o establecimiento de la ciudad, el ejecutivo hace un tiempo que los ha comenzado a dar de baja del padrón para regularizar su situación, un hecho que varias entidades del tercer sector han denunciado por la avalancha de trámites que supone y la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan algunos de los afectados mientras no se les vuelve a censar. La administración niega la mayor en este caso, señalando que se están poniendo todos los esfuerzos para garantizar que este tiempo de espera no sea superior a estos tres meses.
Más allá de estas medidas, el Ayuntamiento trabaja también para homogeneizar la terminología que se utiliza para acceder a ciertas subvenciones, dado que se ha detectado que «muchas personas podrían estar optando por empadronarse sin domicilio fijo porque según cómo esté conceptualizada una determinada ayuda puede no estar recogida la situación de exclusión residencial en la que se encuentran», destaca Sonia Fuertes, comisionada de Acción Social del consistorio. Por eso, consideran que es muy importante diferenciar lo que es una unidad de convivencia, de una unidad económica o una unidad familiar a la hora de determinar quién puede recibir una determinada prestación. Sobre el bloqueo al acceso al padrón que se da en otros municipios metropolitanos, Fuertes asegura que Barcelona «tiene un compromiso clarísimo en hacer efectivo este derecho» y dispone de los «circuitos para garantizarlo al máximo posible», pero puntualiza que “sería deseable” que otras poblaciones del entorno siguieran este ejemplo para poder acabar de una vez por todas con estas disfunciones.
