El desalojo de Josep Torrent, el primero de los vecinos de la Casa Orsola que podría perder la que ha sido su casa durante las últimas dos décadas, no se llevará a cabo en la madrugada de este martes. Según ha informado el Sindicat de Llogateres, el lanzamiento se ha vuelto a suspender por cuarta vez ante la previsión de una fuerte movilización que se esperaba para esta noche y la madrugada del martes. La nueva fecha para el lanzamiento será el próximo martes 18 de febrero, pero no de madrugada, sino a las nueve y media de la mañana.
«Este aplazamiento es una evidencia de que la movilización del pasado viernes se repetirá tantas veces como sea necesario. De hecho, para hoy preveíamos una concentración aún más grande […] Es una victoria y una demostración de la fuerza que tiene la gente movilizada«, señaló en una rueda de prensa Enric Aragonès, portavoz del Sindicato. Aragonès explicó que la convocatoria de esta tarde se mantendrá como una «celebración y recordatorio de una ciudad que resiste y se planta ante los abusos«, pero insistió en que el caso aún no está cerrado y con este aplazamiento se abre la puerta a iniciar de una vez por todas negociaciones con la propiedad. «Este plazo de dos semanas da una nueva oportunidad para que se sienten a negociar. Existe la posibilidad de que haya mediación por parte del Síndic de Greuges de Barcelona… Nosotros aceptaríamos. Los vecinos solo piden poder quedarse pagando unos precios razonables», remarcó.
Aragonès aprovechó la ocasión para enviar un aviso a navegantes a todos aquellos grupos municipales que se planteen eliminar una medida que calificó de vital como la reserva del 30%. «Si se desmantela, casos como la Casa Orsola se multiplicarán. Ningún partido debería tener tentaciones de hacerlo después de las movilizaciones que hemos tenido», aseguró.
El primero de una ola de desalojos
Cabe recordar que, si finalmente se termina culminando el lanzamiento de este vecino, se espera que se produzcan al menos otros tres en el mismo edificio de inquilinos que ya tienen el contrato vencido y están pendientes de sentencia. Al menos seis familias más del total de 27 viviendas que tiene el edificio verán cómo sus contratos finalizan en los próximos años sin poder optar a una renovación, lo que terminará dejando el inmueble prácticamente vacío, solo con los vecinos de los ocho pisos que tienen un contrato de alquiler indefinido de renta antigua.
Seguirá ampliación.
