Dos semanas para resolver el caso. Este es el tiempo de margen que ha conseguido Josep Beltrán, uno de los vecinos afectados por los retrasos en el proyecto urbanístico del Calaix de Sants que este lunes por la mañana tenía fijada su primera fecha de desalojo. Decenas de personas se han concentrado desde primera hora en las puertas del número 43 de la calle de Burgos, un acceso que esconde el pasaje con doce casitas donde nació y ha vivido casi toda su vida este hombre de 66 años. La presión ciudadana ha hecho que finalmente se optara por posponer el lanzamiento, fijándolo para el próximo 26 de noviembre.
Cabe recordar que Beltrán es uno de los vecinos que lleva más de dos décadas esperando que se desbloquee la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que debe permitir la transformación de este ámbito, desafectando más de medio centenar de viviendas y reubicando a las familias afectadas por las expropiaciones. La previsión es que los inquilinos acaben realojados en el nuevo edificio que debe erigirse en el solar que se extiende en la intersección entre las calles de Burgos y de la Riera de Tena, frente a la estación de Mercat Nou. Inicialmente, el inmueble debía estar construido a principios de 2020, una fecha ampliamente sobrepasada.
Este retraso en la tercera fase del Calaix de Sants no solo se ha traducido en una falta de mantenimiento de los domicilios afectados, que presentan un estado bastante precario, sino que también ha abocado a este vecino a un callejón sin salida. Cuando murió su padre en 2021, la propiedad se negó a subrogarle en contrato de renta antigua y lo denunció por impago. Ahora el hombre podría perder su domicilio y su derecho a realojamiento, un extremo al que no se habría llegado si el proyecto urbanístico hubiera cumplido los plazos previstos para el realojamiento y expropiación de los afectados.
Una mediación municipal infructuosa
Fuentes municipales consultadas por TOT Barcelona indican que la Oficina de Vivienda del distrito de Sants-Montjuïc sigue el caso del vecino desde febrero de 2022 y que se continúa intentando una «última mediación con la propiedad, que en ningún momento se ha mostrado interesada en poder llegar a un acuerdo» y solo quiere un contrato de arrendamiento a precio de mercado. Las mismas voces apuntan que en abril de 2025 se hizo un informe de vulnerabilidad donde se acreditaba la vulnerabilidad económica y los factores de riesgo social que tenía el afectado, pero este fue desestimado por el juez. En paralelo, el consistorio ha inscrito a Beltrán en la mesa de emergencia y su caso se encuentra en seguimiento desde los servicios sociales municipales.
