La Oficina Antifraude de Cataluña investigará el desastre de la reforma de la calle Pi i Margall. Según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes municipales, el organismo ha admitido a trámite una denuncia del PP de Barcelona por posible despilfarro de recursos públicos en la reurbanización de la vía que une los barrios de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (Gràcia) y el Baix Guinardó (Horta-Guinardó). Las obras para pacificar la calle costaron 13,6 millones de euros y se inauguraron a finales de 2023, pero un año y medio después el Ayuntamiento ha tenido que rehacer la calzada porque se ha deteriorado “muy rápidamente”.
La Unidad de Admisión de Análisis e Investigaciones de Antifraude ha confirmado al líder del PP barcelonés, Daniel Sirera, la admisión a trámite de la denuncia presentada por los populares el pasado 3 de julio. Además, el organismo especifica que la investigación no tiene una duración concreta, por lo que tampoco hay un plazo claro de resolución del caso. En su denuncia, Sirera alertaba a Antifraude de que era necesario investigar si se han “producido conductas contrarias a los principios de integridad, objetividad y transparencia” que rigen las actuaciones de las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona.
Sirera quiere que Antifraude se pronuncie sobre un presunto despilfarro de recursos públicos y un posible sobrecoste injustificado de las obras. La remodelación de Pi i Margall se aprobó durante el anterior mandato, con Ada Colau de alcaldesa y Jaume Collboni de primer teniente de alcaldía. Tras gastar 13,6 millones, el Ayuntamiento ha tenido que invertir casi un millón extra para rehacer el pavimento. “Los materiales utilizados no han sido compatibles con la funcionalidad que debía tener esta calle”, reconocía hace unas semanas la actual primera teniente de alcaldía, Laia Bonet. El problema es que la elección de los materiales para la reforma no tuvo en cuenta el uso intensivo que hacen camiones y autobuses. Los mismos servicios técnicos municipales admiten que los materiales que utilizaron las empresas constructoras son “incompatibles” con el paso de vehículos pesados.
