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El año pasado se desahuciaron casi dos mil familias en Barcelona

La unidad antidesahucios el Ayuntamiento de Barcelona atendió 1.881 familias que perdieron la vivienda donde vivían durando el año pasado. Ahora bien, todo y la magnitud de estas cifras, el Servicio de Intervención en procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) del Ayuntamiento de Barcelona afirma que los datos registrados son menores que las de los años anteriores, concretamente un 17% de casos menos que en 2021 donde se registraron un total de 2.267 casos. Según explica el Consistorio, estos datos se justifican gracias a la actual ley catalana que obliga los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales.

La mitad de las casi dos mil familias que han hecho uso del servicio del Ayuntamiento y han sido desahuciadas, vivían en pisos propiedad de grandes tenedores, es decir, donde los propietarios eran sociedades empresariales, sean financieras o de alguno otro tipo, con más de 10 viviendas o de personas particulares con más de 15 pisos bajo propiedad.

El Ayuntamiento de Barcelona saca pecho de la gestión con de los desahucios en la ciudad y asegura que la unidad especializada a evitar estos procesos «ha conseguido la suspensión de cerca de 9 de cada 10 órdenes de lanzamiento» que se emiten. Un éxito para el SIPHO, puesto que su objetivo es «evitar al máximo a través de la prevención y la mediación que se produzcan desahucios».

Más esfuerzos de prevención

Para seguir ampliando los esfuerzos que llevan a cabo desde el Servicio de Intervención en procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones, el Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado hoy que triplica el personal destinado al servicio y aumentará los recursos: «Hagamos un gran salto adelante para poder profundizar en la mediación y evitar a las familias la angustia que supone una demanda y una fecha de desahucio», afirman. El nuevo contrato acordado con Vínculo, la empresa que ya gestionaba el servicio actualmente, por los próximos dos años ha permitido pasar de 16 profesionales a 43, y dota el servicio de un equipo jurídico propio. «La ampliación del equipo permitirá reforzar la mediación e intervención preventivas», concluyen.

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