La empresa francesa Alstom ha impugnado un concurso de Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, para adquirir nuevos trenes para la red de metro porque se le veta la participación por supuestos vínculos con Israel. Según la compañía, una de las cláusulas incluye requisitos que «atentan contra los principios establecidos en la ley de contratos del sector público”.
En un comunicado, Alstom explica que en una de estas cláusulas se da a entender que dejan fuera de la licitación a una serie de empresas que aparecen en un listado de la ONU y aseguran que este contiene “información errónea”.
La compañía insiste en que Alstom “no tiene ninguna actividad dentro ni relacionada con los territorios palestinos ocupados”. Además, ya han solicitado formalmente varias veces que se elimine la empresa de la lista.
Alstom remarca que está «firmemente comprometida» con los principios de los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa y que mantiene «rigurosos estándares éticos» donde tiene presencia. «La participación de Alstom en cualquier proyecto cumple, como no podría ser de otra manera, con la legislación internacional aplicable en materia de derechos humanos», añade.
Más trenes para aumentar la capacidad y frecuencia
TMB anunció que licitaría la compra de 39 nuevos trenes para aumentar la capacidad y frecuencia del servicio de metro. La licitación se lanzó a finales de julio y prevé hasta 331 millones de euros de inversión. En un principio, la adjudicación debe resolverse durante la primavera de 2026 y la previsión es que los primeros trenes lleguen durante 2029.
Alstom, que ya ha fabricado anteriormente metros para TMB, participó en esta licitación, y denuncian que han sido vetados en este concurso.
Fuentes de TMB han confirmado que el pasado 14 de agosto recibieron el recurso de Alstom, pero dicen que están pendientes de que se reúna su comité de contratación para hacer el acta formal correspondiente.
Por ahora, la empresa gestora del metro no da más detalles. Asimismo, explica que el Tribunal de Contratación del Sector Público deberá decidir sobre lo que solicita la empresa francesa.
