El caso de la Casa Orsola todavía trae cola. Diversos agentes económicos han decidido hacer frente común para denunciar que la situación vivida con este edificio centenario de la Nova Esquerra de l’Eixample y su desenlace supone una «manipulación del concepto de vulnerabilidad«. En un comunicado conjunto, Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (API) se han alineado para poner de manifiesto que la compra de la finca por parte del Ayuntamiento de Barcelona genera un «precedente peligroso» y advierten que es «especialmente grave el intento de redefinir la vulnerabilidad a conveniencia».
«Este tipo de actuaciones distorsionan el mercado, generan inseguridad jurídica y vulneran el principio de igualdad», apuntan los tres agentes económicos en el comunicado recogido por la ACN, donde defienden que con el total invertido en este inmueble, que dispone de 26 viviendas, se podrían haber construido 50 de protección oficial. Foment, el APCE y los API aseguran que todo ello «genera un agravio comparativo inadmisible» y acusan al Ayuntamiento de Barcelona y Hábitat3 de «no respetar los principios de eficiencia y economía». También resaltan que la actuación «beneficia singularmente a algunas personas». «¿Para qué sirve inscribirse en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial?», preguntan. «¿No debería garantizar este registro el acceso transparente y no discriminatorio a estas viviendas, tanto de los públicos como de los privados?», añaden.
El comunicado concluye subrayando que, por encima de todo, se trata de una «decisión política», que «abre la puerta a nuevas injerencias» en operaciones privadas, creando una «incertidumbre jurídica inaceptable». «Barcelona y Cataluña necesitan políticas de vivienda rigurosas y equitativas, no operaciones mediáticas que degradan la confianza en las instituciones y distorsionan el mercado», sentencian los agentes económicos.
Compra por 9,2 millones de euros
Es importante recordar que la compra del edificio por parte del Ayuntamiento, que se cerró por 9,2 millones de euros, se confirmó hace solo una semana después de que la fuerte movilización ciudadana obligara a detener solo unos días antes el tercer intento de desalojo de Josep Torrent. Con esta operación, el consistorio pretendía cerrar el conflicto entre la propiedad y los vecinos, cuatro de los cuales se veían abocados a un desalojo inminente.
