El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Hacienda, ha iniciado un plan de regularización fiscal para perseguir a las empresas que gestionan pisos turísticos para regularizar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el sector. La campaña de inspección fiscal, realizada en colaboración con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), revisará las cuentas de 463 empresas propietarias o que gestionan casi 2.300 pisos turísticos y 280 apartamentos. El objetivo es verificar que estén dadas de alta en el IAE y que paguen todos los impuestos que les corresponden por este epígrafe. El único requisito para entrar en la lista de sospechosos es facturar más de 1 millón de euros anuales.
De momento, la primera fase del plan —que se extenderá hasta 2028, cuando teóricamente Barcelona extinguirá las licencias de pisos turísticos— ha analizado los datos de 99 empresas que controlan 1.300 pisos y tres empresas más que explotan 105 apartamentos turísticos. Según los datos publicados por el Ayuntamiento, los 20 primeros expedientes cerrados han permitido regularizar y recaudar 287.000 euros a través de 47 liquidaciones. Además, el padrón anual del IAE se ha incrementado en casi 80.000 euros.
La actual fase de inspecciones se extenderá hasta 2026 y permitirá completar el centenar de inspecciones que están en marcha, mientras que entre 2026 y 2028 se realizarán las 360 restantes. Será la inspección “más contundente”, ya que, según el consistorio, “se inspeccionarán el resto de entidades que realizan la actividad de viviendas de uso turístico y la actividad de apartamentos turísticos, pero que no constan como declarantes de ninguna actividad económica en la AEAT en el ejercicio 2023 o bien ninguna relacionada con el hospedaje”.
Intercambio de información con la Hacienda catalana
El plan de regularización fiscal ha sido posible por el intercambio de información con la ATC sobre pisos turísticos, hoteles, apartamentos y albergues que pagan el impuesto autonómico de estancia —la llamada tasa turística— y se han cruzado los datos con las empresas censadas en epígrafes del IAE relacionados con el alquiler turístico. “Los objetivos de la regularización implican verificar la solvencia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el ajuste a la legalidad tributaria de las empresas que gestionan y alquilan viviendas de uso turístico”, explica el consistorio. «La inspección también permite detectar si se han realizado obras sin abonar el impuesto sobre construcciones instalaciones y obras”.
El teniente de alcaldía de Economía, Jordi Valls, ha defendido que es una “obligación de la administración pública velar porque la gente pague los impuestos que le corresponden” y ha justificado poner el foco sobre los alojamientos turísticos “por el volumen de negocio” que genera. Por otro lado, Valls ha aplaudido que desde el pasado 1 de julio sea obligatorio por ley que los alojamientos turísticos que se ofrecen en Internet dispongan de número de registro oficial. “Ayudará para determinar que es una vivienda legal o no”, ha remarcado. El concejal se ha ofrecido a colaborar con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y facilitar información “por si puede funcionar mejor”.
