La guerra entre Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona enfrenta su última oportunidad para acabar en un acuerdo formal entre ambas partes. El consistorio ha enviado a la plataforma su propuesta de nuevo convenio de colaboración para sustituir el que se firmó en 2018, que ha caducado y ahora debe adaptarse a la normativa vigente en la materia. Entre las medidas que contempla la iniciativa presentada a la compañía, el ejecutivo plantea que se eliminen los anuncios ilegales en un plazo máximo de 48 horas y no en quince días, como se establecía hasta ahora. El convenio también prevé que la retirada de los anuncios sea inmediata en el caso de infractores reincidentes o de posibles estafas, cuando no coincide la dirección del inmueble con el número de licencia otorgado.
«El nuevo convenio que establezca la relación con Airbnb debe servir para generar más obligaciones y no para dar un paso atrás. Confían que aceptarán nuestras demandas y se avendrán a firmarlo. No cederemos, no negociaremos. El derecho a la vivienda es innegociable y las demandas son de sentido común», ha señalado en una rueda de prensa este martes la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, que ha remarcado que no habrá margen para concesiones. La propuesta municipal viene precedida de un retraso en la retirada de los anuncios por parte de la plataforma así como de un borrador de convenio enviado por la misma que estaba muy lejos de la normativa vigente y que implica retroceder en el control de la actividad de estos alojamientos turísticos.
Con este nuevo convenio, el Ayuntamiento tendría acceso ilimitado a los datos de los anuncios publicados, ya que la compañía se comprometería a exigir a todos los usuarios que se den de alta la aceptación de la cesión de esta información a las autoridades competentes, que la recibirían de manera automatizada. Estos datos solo se utilizarían para esta función de control. Para poder mejorar el contacto entre ambas partes, el marco de colaboración planteado por el ejecutivo prevé la utilización de un nuevo sistema de comunicación ágil y eficaz, a través de una dirección de correo electrónico corporativa y no por carta postal, como se había hecho hasta ahora. También se propone la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio integrada por cuatro miembros, dos por cada parte, y presidida por un representante del Ayuntamiento, que tendría voto de calidad.
Posible paso a los tribunales
La plataforma tiene pues quince días para decidir qué hace con la propuesta de convenio que le ha puesto sobre la mesa el consistorio barcelonés. «Esperamos que sea positiva. En caso de ausencia de respuesta o de una negativa, nuestros equipos legales ya están estudiando todas las acciones por la vía penal o civil», ha advertido Bonet.
