La Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña obligó el 2023 a retirar 1.339 anuncios de viviendas turísticas ilegales, la mayoría situados en la ciudad de Barcelona. Estos anuncios suponen 7.360 plazas, una «dimensión muy grande» según la directora general de Turismo, Marta Domènech. Cada mes, la Generalitat revisa los anuncios a las principales plataformas, como Booking, Niumba, Vrbo, Tripadvisor y Rentalia. Todas ellas ofrecen su colaboración para detectar los anuncios ilegales, excepto Airbnb. «No hay una cooperación voluntaria», denuncia turismo. Precisamente es Airbnb quien concentra más del 80% del total de las ofertas ilegales, 8.844 solo este 2024.
La Generalitat ordena la retirada de estos anuncios a los webs que los comercializan y hace un seguimiento de las personas infractoras. Desde el 2014 se han abierto 2.000 expedientes. Solo en el 2023 se revisaron 1,1 millones de anuncios, el equivalente a unos 90.000 en el mes. La mayoría de plataformas que anuncian pisos turísticos colaboran con la Generalitat, pero Airbnb, la más grande, no lo hace, y esto provoca que el porcentaje de ofertas ilegales sea «muy superior». De las 9.892 ofertas ilegales detectadas a principios de este año, 8.844 se anunciaban en Airbnb. Es decir, más del 80% de toda la oferta ilegal de alojamiento rastreada en Cataluña se concentra en esta compañía.
Airbnb niega la mayor
Según Airbnb, la relación con la Generalitat es fluida y solo en Barcelona se han retirado 7.000 anuncios fraudulentos. La compañía apunta que siempre comunica a sus anfitriones la obligación de seguir las normativas locales y que les pide que certifiquen que tienen permiso para ofrecer alojamiento turístico. Si una autoridad los hace saber que no es así, Airbnb asegura que retira los anuncios inmediatamente. Además, apunta que desde el 2022 se ha aplicado una nueva herramienta que obliga el propietario a mostrar el número de registro para publicar un anuncio. «Somos un buen aliado de las administraciones públicas en Cataluña», dicen fuentes de Airbnb, que insisten que siempre han «facilitado el registro de la actividad, pagado los impuestos y reconocido hogares compartidos» cuando se los ha requerido.
