El gobierno de Jaume Collboni ha hecho suya la propuesta de ERC de reducir un 11% la afluencia de turistas al Park Güell en dos años. La presidenta del grupo republicano, Elisenda Alamany, prevé 1.300 turistas menos cada día a partir de 2027. Una reducción “asumible” antes de terminar el mandato, defiende Alamany, pero que aún no se ha decidido cuándo y cómo comenzará a aplicarse. “Recogemos las propuestas de los vecinos y vecinas, que quieren el parque para la ciudad”, ha resaltado la líder republicana. El vecindario, en cambio, ve la medida “poco ambiciosa” e insiste en una reducción del aforo a la mitad. “ERC dice que la medida favorecerá que las vecinas recuperemos el parque, pero no es verdad. Agradecemos el esfuerzo, pero parece una medida cosmética”, sentencia al Tot Barcelona la portavoz de Recuperem el Park Güell, Marta Molas. En la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles, el republicano Jordi Coronas ha asumido esta insatisfacción vecinal, pero ha alegado, metáfora en mano, que «es importante acercarse a la luna cuando esta no puede bajar».
Las explicaciones tampoco han convencido a la Plataforma pel Decreixement Turístic, que ve la medida como una “estrategia de distracción” de los partidos para no atacar el problema “de fondo”. “El número de visitantes que se reduzcan al Park Güell es incluso anecdótico –defiende Daniel Pardo en conversación con este diario– si continuamos fomentando el monocultivo turístico que hay en la ciudad”. El activista advierte que se debe “reabrir el parque a los vecinos” y que, “una vez ya está privatizado”, la única opción para hacerlo es “reduciendo la presión turística de la ciudad”. Si no se hace, argumenta, continuará viniendo la misma gente a Barcelona, pero visitará otros monumentos o se quedará por los alrededores del parque.
Pardo compara la reducción de aforo del Park Güell, pactada con ERC, con la eliminación de dos terminales de cruceros, pactada con los Comunes. “Más que un cierre de terminales es una reconfiguración, porque se eliminan tres terminales pequeñas, pero al mismo tiempo se ha permitido abrir una nueva muy grande”, explica de entrada el analista. El nuevo acuerdo reduce 5.800 pasajeros en las terminales públicas, pero no detiene la llegada de una nueva operadora privada –prevista en 2027– con capacidad para 7.000 cruceristas. “El tráfico de cruceros, de la misma manera que pasará con el tráfico de visitantes a Barcelona, no se reducirá a pesar de estos nuevos acuerdos”, sentencia Pardo.
El especialista ve a la vez “muchos agujeros técnicos” en la medida que se ha presentado. “¿Por qué hay que esperar dos años para reducir 500.000 turistas en el parque? ¿Qué se gana con eso?”, se pregunta. Pardo también pide desentrañar otras incertidumbres, como el camino que se recorrerá para llegar a esta cifra. “Si no queremos que los turistas lleguen hasta aquí, deberíamos reducir la movilidad, pero también rebajar la capacidad de alojamiento que ofrece la ciudad y promover otras actividades económicas”, resume.
Durante el anuncio de la medida, Alamany habló el lunes de “gobernanza y control del turismo”. Un vocabulario similar al del alcalde Collboni, que quiere pasar “de la promoción a la gestión”. El antropólogo urbano de la UAB José Mansilla resalta, en este sentido, que los pactos que se producen en el Ayuntamiento “van en la línea de gestionar”, pero que, en ningún caso, “se apuesta por un plan de reducción a largo plazo”. “Presentar una bajada de visitantes al Park Güell como un avance en la reducción turística es una falacia”, apunta. En la misma línea que se expresaba antes Pardo, Mansilla también se pregunta “dónde irán ahora los visitantes, si no van al parque”. “Porque estar, estarán igualmente”, advierte.
Por todo ello, el experto ve la reducción presentada en el Park Güell como una medida “con intencionalidad estrictamente política”. “No hay ninguna evaluación de la capacidad de carga del parque ni ningún acuerdo con el vecindario. ¿Por qué un 11% y no un 9 o un 12,5%? Hay un gobierno que quiere aprobar los presupuestos sin cuestión de confianza y otro partido, ERC, que quiere presentarse como una opción útil”, opina Mansilla.
Alternativas a una subida de precio
Desde ERC recuerdan que la iniciativa de concretar la medida recae en el ejecutivo y niegan que el plan contemple por ahora un nuevo aumento tarifario. Fuentes de la concejalía de economía también apuntan al Tot Barcelona que el gobierno no tiene previsto volver a poner esta cuestión sobre la mesa. Una decisión, de concretarse así, que celebrarían unos vecinos escépticos con la eficacia de estas subidas de precio –este año el parque ha pasado de los 10 a los 18 euros– porque conllevan una “elitización del parque” que no aporta ninguna “incidencia real” a la zona. En este sentido, desde la plataforma Recuperem el Park Güell piden “un domingo al mes libre de turistas”. Dani Pardo tampoco confía en las subidas de precio, que “sirven para recaudar dinero, pero no reducen la asistencia a menos que hablemos de una subida enorme”.
José Mansilla avala las reflexiones de las dos principales plataformas vecinales en la zona, pero añade matices. El antropólogo, de entrada, no descarta el aumento de la fiscalidad turística como una herramienta desincentivadora, pero advierte que “puede ser ineficaz si al mismo tiempo no se despliegan el resto de opciones que hay sobre la mesa”. “Los planes urbanísticos, como puede ser el PEUAT, delimitan la oferta, pero para controlar la demanda hay que tocar la fiscalidad”, insiste el experto. En todo caso, resalta que ambas vías son vasos comunicantes y que apostar solo por una de ellas puede contribuir, como dicen los vecinos, a fomentar un turismo exclusivo. “El turista –recuerda Mansilla– sigue viniendo a Barcelona, a pesar de que desde 2014 es la ciudad más cara del Estado”.
En este sentido, el experto pone el foco en la coordinación entre los municipios del área metropolitana, bien conectados con bus y metro. “Si no se hace, la gente, en lugar de quedarse en Barcelona, puede dormir en Cornellà o Badalona. Son ciudades con plena autonomía municipal y pueden negarse a aplicar un recargo turístico local. Aún más, muchas de ellas quieren aprovecharse de los hoteles que no pueden o no quieren abrir en Barcelona. Por lo tanto, sin una coordinación eficaz, la gente con recursos dormirá en Barcelona y la que tiene menos, en ciudades de los alrededores”.
El Estado y la Generalitat, otros contrapoderes de Barcelona
A la presión de visitantes que tienen los vecinos del Park Güell o el elevado número de cruceristas que hay en Barcelona, Mansilla también suma la ampliación del Prat, que el PSC defiende sin matices. El analista ve, en estos casos, diferentes ejemplos de medidas “contraproducentes” si el objetivo es minimizar la presión turística. “Barcelona, ciertamente, ha sido pionera con algunas medidas, pero no servirán sin una coordinación activa con las otras instituciones”, comenta el experto.
En este sentido, recuerda otros casos recientes: en 2018, el gobierno municipal impulsó una campaña para “dispersar el turismo” hacia otros municipios catalanes, pero el Gobierno de Quim Torra, desgrana Mansilla, impulsó una campaña “con un eslogan como ‘Catalunya, el país de Barcelona’”. Revisando la hemeroteca, el analista también ve incoherente que el PSC dificultara en el Parlamento la prohibición de los pisos turísticos durante la legislatura de Pere Aragonès, si después Collboni debería proponer la liquidación de todos los inmuebles turísticos de la ciudad en 2028.
