El Ayuntamiento busca fórmulas para aumentar la presión impositiva sobre los cruceristas que hacen escala en Barcelona. Así lo ha manifestado el alcalde Jaume Collboni, con una propuesta para superar los 4 euros en el tramo local de la tasa turística que se aplica a los usuarios de estas embarcaciones que pasan menos de 12 horas en la ciudad. En una entrevista con el diario
Así lo ha confirmado en declaraciones a los medios después de la celebración de la reapertura del Puerto Olímpico. Collboni, una vez constituida el Parlamento de Cataluña e investido el Gobierno saliente de los comicios del 12-M, buscará su autorización para trasladar a los cruceristas los gastos asociados con el control del turismo masivo en la ciudad. «Queremos que sean los visitantes los que sufraguen los costes que tienen para la ciudad en este uso intensivo del espacio público, limpieza, seguridad y orden público», ha descrito a los medios presentes a la jornada. La concreción del proyecto, pero, todavía no es completa; dado que el alcalde no ha valorado todavía la cantidad de la nueva subida. En la conversación con el diario madrileño, pero, se ha comprometido a situarla al nivel necesario para que «paguen el que vale estar en la ciudad». «El que no volamos es una forma de hacer turismo que entre en contradicción con vivir en la ciudad, porque va en detrimento del derecho a la vivienda y expulsa cada día gente joven de clase mediana», critica el socialista.

Guerra por los pisos turísticos
Consultado por la aplicación en Barcelona del decreto de la Generalitat contra las licencias en los pisos turísticos, el alcalde se ha comprometido a «ir hasta el final» en el proceso; e incluir las licencias en edificios enteros, hecho que también podría afectar un sector hotelero que veía la medida con optimismo. Sobre la posibilidad que la norma catalana acabe cayendo ante el recurso que el Partido Popular al Tribunal Constitucional, Collboni ha defendido un plan para «blindar jurídicamente» la caída de las licencias «desde la normativa urbanística». El alcalde, así, «no contempla» que el TC acabe actuando contra la ley.