El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, apuesta por impulsar una reducción “drástica” de las licencias de pisos turísticos en zonas saturadas como Ciutat Vella cuando el Ayuntamiento tenga competencias para revisar las autorizaciones administrativas, tal como planea la Generalitat. A finales del año pasado, el PSC obligó a la Generalitat a rebajar el alcance del decreto que regulará las licencias de pisos turísticos y a dejarla en manos de los ayuntamientos. La norma, que finalmente se tramitará como proyecto de ley, se tiene que votar durante este primer trimestre.
Con todo, Collboni ha reconocido que no habrá ningún cambio “inmediato” porque primero se tiene que aprobar definitivamente la nueva regulación y posteriormente se tendrán que hacer estudios de impacto para que el Ayuntamiento pueda saber cuántos pisos turísticos puede soportar cada barrio de la ciudad. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado después de una reunión de trabajo con Collboni que desde el gobierno español intentarán ayudar en todo el posible a ayuntamientos y comunidades para que puedan desarrollar una regulación efectiva para poner límite a los pisos turísticos. Rodríguez ha avanzado que ya hay un grupo de trabajo interministerial estudiando la cuestión.
El anuncio llega después de unos meses en los cuales el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que otorgar nuevas licencias a pisos turísticos vía sentencia judicial. Un error del consistorio después de la anulación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) obligará a la ciudad a autorizar hasta 900 licencias nuevas de pisos turísticos. De momento, ya se ha dado luz verde a 615 nuevos alojamientos turísticos, mientras que todavía hay casi 300 más pendientes de resolución. Esta avalancha de sentencias ha forzado el Ayuntamiento a reconocer que se superarán los 10.000 pisos turísticos.
La patronal de pisos turísticos, en alerta por la nueva ley
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para luchar contra los pisos turísticos ilegales y ha denunciado que la normativa que impulsa la Generalitat solo favorecía la aparición de más oferta encubierta. “El cierre del sector solo fomentaría la ilegalidad y, además, se dejaría perder un impacto millonario en la ciudad”, ha declarado el presidente de Apartur, Enrique Alcántara. La patronal de alojamientos turísticos ha insistido que los problemas de convivencia los generan los pisos ilegales, que, además de no pagar impuestos, “confrontan a vecinos y turistas”.
Apartur reclama a las administraciones una legislación “valiente” del sector que favorezca la profesionalización y permita un crecimiento ordenado, pero en ningún caso están dispuestos a estudiar una reducción de licencias. La patronal quiere un “diálogo sereno” con el consistorio cuando entre en vigor la nueva ley. “Sería del todo irresponsable equivocarse de objetivo porque los daños serían irreparables”, avisa Alcántara, que reitera que el sector necesita ayuda para “combatir la ilegalidad con contundencia” y acompañamiento “con medidas realistas que permitan su viabilidad”.
