El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha aumentado aún más el tono contra la plataforma Airbnb tras reunirse con sus directivos en España en el Ayuntamiento. “No estamos satisfechos”, ha dicho el mismo Collboni. “Nosotros vamos contra las personas u organizaciones que tienen pisos turísticos sin licencia”, ha matizado, a pesar de advertir a Airbnb que también estudiará “todas las medidas administrativas, civiles y penales” que les permita la nueva legislación si la plataforma no retira los anuncios ilegales. «He sido muy claro con la plataforma: no permitiremos ningún amparo a la ilegalidad y actuaremos en caso de que esta situación se prolongue en el tiempo», destacó el alcalde tras la reunión.
El ejecutivo considera que hay un “empeoramiento de la actitud” en la plataforma desde que se anunció el fin de los alojamientos turísticos, de cara al 2028, y le reprocha que “ampare la ilegalidad” dilatando los plazos que tarda en retirar los anuncios sin licencia. La teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha señalado que la plataforma ha tardado “dos meses” en retirar de forma “progresiva” los 800 anuncios ilegales que tenía en Barcelona cuando antes lo hacía en “cuestión de días”. Y el alcalde ha cuestionado los mecanismos «arcaicos y dilatorios» que se han de poner en marcha para que esto suceda. “Nadie está por encima de las leyes ni por encima de la voluntad democrática de un Ayuntamiento. No son ellos ni ninguna empresa quienes nos tienen que decir cuál es nuestro modelo turístico y nuestras políticas de vivienda”, añadió Collboni.
Nuevo convenio sobre la mesa
Collboni ha ofrecido a la plataforma trabajar en un nuevo convenio que incluya las novedades legislativas que entrarán en vigor el 1 de julio y dote al mismo tiempo de más herramientas para “controlar la legalidad”. El alcalde no ha concretado ninguna fecha, pero sí ha apuntado que debería redactarse “en los próximos meses” y que tendrá vigencia hasta que cese la actividad de los pisos ilegales, en 2028. “Es la mejor manera para no judicializar la relación”, dijo Collboni. En todo caso, el alcalde ha insistido en que “con convenio o sin él” el Ayuntamiento hará lo que sea necesario para erradicar los alojamientos ilegales.
El ejecutivo ha detectado entre 300 y 400 anuncios ilegales cada mes en Internet. “Con otras plataformas que no son Airbnb tenemos una relación similar y funciona bien. No contribuir a que haya pisos ilegales colgados en las plataformas es un aspecto muy básico”, criticó Collboni, que también recordó a Airbnb que el Tribunal Constitucional ha avalado decisiones como la retirada masiva de alojamientos turísticos. «Las deben respetar», concluyó.
El alcalde no ha entrado a valorar posibles multas futuras, que dependerían del grado de la ilegalidad. No sería, en todo caso, la primera que recibe Airbnb. De hecho, el Ayuntamiento ya multó en dos ocasiones a la plataforma -una de ellas por reincidencia- cuando gobernaba Ada Colau. Tras la comparecencia de Collboni, la presidenta de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha vuelto a pedir multas contundentes contra la empresa y ha acusado a Collboni de tener un «trato de favor» con la plataforma.
Airbnb pide separar los anuncios de particulares de los de empresas
Airbnb ha reclamado medidas “coherentes” para frenar el turismo masivo en Barcelona. Durante la reunión, la compañía ha pedido al alcalde que separe lo que son “estancias temporales” de los “alojamientos turísticos de alta ocupación”. Airbnb cita otros modelos europeos que apuestan por “regulaciones estrictas” para la oferta profesional, pero que apoyan la “actividad ocasional” que generan los mismos residentes. En un comunicado posterior a la reunión, la empresa turística ha reafirmado su compromiso de trabajar con las instituciones para “promover la dispersión del turismo” más allá de las zonas masificadas.
La compañía cree que las restricciones que se están aplicando por todas partes contra los alojamientos turísticos “han hecho poco para mitigar” los problemas turísticos y de acceso a la vivienda. En este sentido, instan a Collboni a atacar lo que consideran la raíz del problema: los hoteles y los operadores turísticos a gran escala. Insisten en que la cara B de la ofensiva contra los alojamientos turísticos es un aumento de los precios de los hoteles, que han crecido un 33%, según sus estudios. El director general de Airbnb en España, Jaime Rodríguez, ha calificado de “incoherente” anunciar el cierre de los pisos turísticos y permitir al mismo tiempo, como así ha insinuado el mismo alcalde en otras ocasiones, nuevos hoteles pequeños en el centro de la ciudad.
