Lejos de acercar posturas, las últimas novedades hacen pensar que la guerra entre la plataforma Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona todavía tiene recorrido por correr. El alcalde Jaume Collboni se reunió el martes con los directivos de Airbnb en España para reconducir la relación, pero aún salió de allí con mensajes más contundentes. El socialista continúa proyectando un discurso de máximos y avisa que tomará “todas las medidas administrativas, civiles y penales” que tenga a su alcance si la compañía “ampara” los pisos ilegales. La plataforma de pisos turísticos ha terminado eliminando los 800 anuncios sin licencia que tenía en Barcelona, pero ha tardado “dos meses”, según dice el ejecutivo, que quiere “más rapidez” y mecanismos de control y comunicación “menos arcaicos”.
En todo caso, el gobierno municipal y la empresa de apartamentos turísticos se han dado una última oportunidad para “no judicializar la relación”. Collboni quiere explorar la posibilidad de pactar un nuevo convenio que incluya las novedades legislativas que entrarán en vigor el 1 de julio -un registro estatal único- y que mejore los mecanismos para frenar la actividad ilegal. Una propuesta que Collboni ha asegurado que solo dará servicio hasta noviembre de 2028, cuando tiene previsto -si continúa gobernando- eliminar todos los alojamientos turísticos. Mientras tanto, la compañía espera “con interés” la propuesta y, a pesar de la vehemencia de Collboni, la toma como una oportunidad para reconducir el texto a sus intereses.
«Si el acuerdo va en la línea de la normativa europea seguro que es una buena noticia, pero necesitamos entender cuál es el contenido», expresó el mismo martes el director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez. Durante la reunión, la primera entre la compañía y el alcalde en este mandato, los directivos de Airbnb pidieron a Collboni que se alinee con las propuestas de sus compañeros socialistas en el Parlamento Europeo, “que apuestan porque los residentes puedan compartir su casa de manera ocasional, un modelo que proteja la vivienda y facilite que los ingresos del turismo vayan a los ciudadanos”. “Nadie está por encima de las leyes ni por encima de la voluntad democrática de un Ayuntamiento”, ha sido la respuesta pública del alcalde.
Airbnb insiste en que la regulación -o eliminación total, en este caso- “no debe ser indiscriminada” y recuerda que la normativa europea “facilitará que las autoridades tengan acceso a los datos necesarios para aplicar normas justas y proporcionadas”. La empresa considera que el nuevo marco jurídico ayudará a controlar la actividad y ven innecesaria, por tanto, una medida tan drástica. Airbnb insiste en que la medida provocará un encarecimiento de los hoteles -como ocurre en Nueva York; en parte por la regulación, en parte por un boom migratorio- y dudan de su eficacia respecto a los precios del alquiler. Es más, la plataforma cree que, una década después de que los Comunes impulsaran en Barcelona una moratoria de apartamentos turísticos, “los datos oficiales muestran que los problemas relacionados con la vivienda y el turismo masivo son peores que nunca, a pesar de la reducción de alojamiento de corto plazo”.
Escalada de la tensión
El profesor Pablo Díaz, miembro del grupo de investigación NOUTUR de la UOC, cree que estas tensiones son producto “del aumento reciente de manifestaciones” contra el turismo masivo, pero que el problema “viene de lejos”. El anuncio de cerrar los pisos turísticos en 2028 se suma a una ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona que viene de la época de Ada Colau y que ya había tensado las relaciones. “Hubo multas muy importantes”, recuerda el experto en una conversación con el Tot Barcelona. Con todo, añade un matiz. “Con Colau también se multaron pequeños tenedores, no se diferenció mucho entre grandes empresas y particulares que apuestan por un modelo turístico más colaborativo”. De hecho, el discurso de Airbnb va en la línea de presionar a los grandes propietarios y dar flexibilidad a los pequeños, una manera “de sobrevivir al contexto actual”, dice Díaz.
La plataforma comenzó dando cobertura a particulares que alquilaban su piso, pero poco a poco ha ido expandiendo su negocio, apostando por modelos más profesionales. Y a medida que se ha hecho grande, el volumen de pisos ilegales también ha crecido. En los últimos días Collboni ha acusado a la plataforma de haber “cambiado de actitud”, acusándolos de dejar de colaborar e incluso de “amparar” actividades ilegales. Díaz, en este sentido, desgrana que, en un inicio, Airbnb “decía que no tenía responsabilidad sobre lo que anunciaba, que era simplemente un intermediario”, pero que más tarde “cambió de actitud por las presiones de las autoridades, a una actitud más colaborativa”.
Por lo tanto, esta actitud más colaborativa se entiende en un intento de salvar la situación, el negocio. “Si ahora hay una amenaza real de cerrar todo, una decisión que afecta drásticamente a su negocio, es probable que haya un cambio de actitud. ¿Qué incentivo tengo para colaborar si me los cerrarás?, se pueden preguntar”, resume Díaz, que recuerda que algunas plataformas están pensando si denunciar a la Generalitat de Catalunya por el decreto que pone caducidad a las licencias turísticas. «Todas las partes tienen abogados y los pasos que hagan serán consultados», desgrana.
El problema viene de lejos
“Hay un problema que no se puede negar: allí donde hay más concentración de pisos los precios de la vivienda se han elevado”, asume Díaz. Un informe de NOUTUR publicado en el Journal of Hospitality and Tourism Management concluye que “hay relación directa entre el comportamiento de la plataforma y el impacto en el mercado de la vivienda de Barcelona”. «Las estrategias de adaptación de Airbnb y su relación con el mercado de la vivienda urbana condicionan la evolución de los precios del alquiler e intensifican la presión turística en los puntos turísticos principales de la ciudad», recogía entonces una de las instigadoras del informe, la directora del máster Turismo Sostenible y TIC de la UOC, Soledad Morales.
Sea como sea, Díaz avisa ahora que sería irreal responsabilizar a los pisos turísticos de toda la problemática. “El conflicto viene de lejos y no se ha hecho nada. Seguramente no se tuvo en cuenta la dimensión que podrían llegar a tomar los apartamentos turísticos, pero tampoco ha habido políticas de vivienda claras o políticas destinadas a la gente joven”, concluye.
Otras realidades: Madrid, Nueva York o Amsterdam
Barcelona observa de cerca otras realidades a escala mundial que también actúan contra los alojamientos turísticos. Otro estudio conjunto de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla apunta que el precio del alquiler sube cerca de un 30% en aquellas zonas en que los apartamentos turísticos representan el 10% del parque de viviendas. En estas ciudades, el alquiler turístico ha crecido considerablemente en los últimos años, como también ocurre en Madrid. Según informaciones publicadas este año, los vecinos de Madrid han denunciado al consistorio hasta 10.000 pisos ilegales. El alcalde popular José Luis Almeida estudia una nueva regulación que, según lo que se sabe hasta ahora, prevé rebajar las licencias y, a cambio, habilitar edificios enteros para esta actividad.
Otro caso bastante mediático, Nueva York, ha sido de los primeros en aplicar con dureza regulaciones contra esta actividad. Entre otros requisitos, la ciudad norteamericana obliga a los propietarios a estar presentes en el alojamiento durante la estancia turística, acoger a un máximo de dos turistas por reserva y ceder todos los espacios de la casa al inquilino. Estas condiciones, que no se aplican en pequeños hoteles o edificios enteros, han dejado fuera unos 7.500 pisos, según la empresa de análisis de mercado AirDNA. Los pisos turísticos han caído en zonas como Manhattan y Brooklyn, pero crecen en la zona de Nueva Jersey.
Pablo Díaz cree que hay modelos “que parece que funcionan” pero avisa que no hay ninguno “que sea perfecto”. En este sentido, el profesor destaca que hay ciudades, como Nueva York o Amsterdam, que “han acordado con las plataformas retirar toda la oferta ilegal y mantener los que son pisos de particulares solo durante unos meses”. “Esta opción no es mala”, considera el experto, “porque los participantes que genuinamente forman parte de un turismo colaborativo pueden tener un ingreso extra y los que son más grandes, que son más nocivos, quedan fuera”. Sea como sea, la apuesta de máximos de Barcelona es clara, al menos, mientras Collboni continúe en el cargo. En 2028 desaparecerán los pisos turísticos y mientras tanto se deben encontrar vías de colaboración con las plataformas, molestadas con la decisión.
