El Ayuntamiento de Barcelona quiere eliminar cualquier rastro de duda que haya podido quedar de la trama de funcionarios municipales que en 2005 otorgó licencias de pisos turísticos de forma fraudulenta en Ciutat Vella. La justicia ha probado las acusaciones de soborno y prevaricación en 13 casos del distrito, pero la sombra de la duda se extiende en cientos de pisos más. El ejecutivo ahora liderado por Jaume Collboni quiere revisar un total de 260 licencias que se otorgaron entre 2005 y 2006, los años en que se han probado las irregularidades de la trama. «Ante la hipótesis de que quizás tenemos las mismas irregularidades, iniciamos un procedimiento para recuperar pisos turísticos», ha remarcado la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, este viernes en el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ha revisado todas las licencias otorgadas en la época en que la trama estaba activa y ahora se propone examinar, concretamente, aquellas en que falta algún tipo de documentación. El consistorio ha seleccionado todos los apartamentos del distrito que no están en el registro REAT o que no tienen cédula de habitabilidad. El gobierno municipal remarca que se trata de un proceso «largo y complejo» porque son licencias que están en papel y que se deben digitalizar y revisar una por una. En todo caso, la misma Bonet ha estimado que la revisión durará alrededor de un año.
El ejecutivo de Jaume Collboni calcula que uno de cada tres pisos turísticos de Ciutat Vella puede tener algún tipo de irregularidades. Según ha detallado Bonet, se ha tenido que esperar a que el proceso judicial estuviera avanzado para no intervenir en la «inocencia» de las personas investigadas. Pero ahora, y a pesar de que los acusados han recurrido y el procedimiento aún no ha cerrado, el ejecutivo considera que los litigios «están a punto de cerrarse y la inspección no debería impactar en la inocencia de las personas condenadas en primera instancia».
Bonet ha aclarado, en todo caso, que no habrá una suspensión provisional de las 260 licencias investigadas porque «no se puede afectar la actividad» económica sin una sentencia administrativa probada. «Es un procedimiento garantista y debemos ser prudentes», ha aclarado Bonet. El Ayuntamiento enmarca esta operación en la trama corrupta que sacudió la institución en 2009, cuando salió a la luz, y ha descartado ampliarla a toda la ciudad. La teniente también ha aclarado que no se busca perseguir penalmente a los infractores, sino actuar desde un punto de vista administrativo para revertir las licencias mal otorgadas.
Guerra contra los pisos turísticos
El Ayuntamiento de Barcelona confía en que, en caso de que el procedimiento sea favorable, muchos de estos 260 pisos inspeccionados pasen al mercado residencial antes de noviembre de 2028, la fecha que ha fijado Jaume Collboni para revertir todas las licencias actuales, de acuerdo con lo que dice el nuevo decreto de la Generalitat. Una decisión que le ha provocado una guerra abierta con la plataforma Airbnb. Aún más, el socialista ha acusado a la compañía de «amparar» pisos turísticos ilegales y quiere rehacer el convenio que los une para que la retirada de anuncios ilegales en la red sea más rápida.
