El embrollo con la licitación de las piscinas municipales del distrito de Sant Andreu ha generado una imagen poco habitual en política. Barcelona en Comú, Junts y ERC han presentado una instancia conjunta a la concejala pidiéndole una revisión «urgente y en profundidad» de las condiciones económicas de la licitación. Los tres principales partidos de la oposición alertan que el documento actual «abre la puerta a fondos de inversión o grandes operadores privados» con una «visión mercantilista» de la gestión del recinto. La licitación incluye el recinto histórico de la calle de Santa Coloma y el nuevo complejo deportivo que se está construyendo en la Sagrera, pero prevé el cierre de la piscina antigua una vez esté lista la nueva. Las condiciones fijadas en el pliego, que también obliga a invertir cuatro millones de euros en el nuevo recinto, han llevado al CN Sant Andreu -el gestor actual- a renunciar a la licitación.
Los grupos presentaron la petición el jueves pasado y han registrado una solicitud para realizar un consejo de distrito extraordinario en Sant Andreu para debatir cuál debe ser el futuro del equipamiento. El texto conjunto, que ha podido consultar este diario, pide garantías de que la piscina del CEM Sant Andreu no se cerrará definitivamente, «sino que se rehabilitará y se mantendrá como equipamiento complementario al nuevo CEM La Sagrera». «Se trata de equipamientos con perfiles de uso y actividades diferentes», indican. El CEM Sant Andreu acoge ahora los entrenamientos de los equipos de waterpolo del CN Sant Andreu, incluidas las jugadoras del primer equipo, campeonas de Europa, pero la nueva piscina que se proyecta en la Sagrera solo tendrá una profundidad de 1,80 metros e imposibilitaba la práctica deportiva.
La licitación también cede al ganador del concurso la responsabilidad de construir la cubierta de la nueva piscina, valorada en tres millones de euros, y de gastar un millón más en materiales de fitness. En este sentido, los grupos piden al ejecutivo que «asuma el coste de las obras estructurales previstas en el proyecto», que son «competencia de la Administración pública». Es la manera, aseguran, de evitar que las condiciones económicas «se conviertan en una barrera de entrada para entidades arraigadas en el territorio y sin ánimo de lucro».
Una puerta abierta a los fondos de inversión
BComú, Junts y ERC insisten en que es necesario garantizar «el acceso real [a la licitación] de entidades del territorio con vocación social y arraigo». Sin mencionarlo, los partidos critican las dificultades que ha tenido el Sant Andreu -entidad sin ánimo de lucro y bien arraigada en el barrio- para cumplir con las condiciones que fija la licitación. La entidad argumenta que el proyecto que dibuja el Ayuntamiento no es viable económicamente y han terminado desistiendo. Los partidos de la oposición también recogen en la petición que el estudio de viabilidad económica «se basa en previsiones de ingresos extraordinariamente optimistas». Lo que está en duda, en este caso, es el grado de explotación que se les asigna a las pistas de pádel y a una piscina que será más pequeña que otras de la ciudad.
Todo esto, cuestiona la oposición, «contradice abiertamente la defensa del ‘Modelo Barcelona’ que el gobierno municipal afirma promover». «En lugar de favorecer entidades que priorizan el retorno social, el arraigo en el barrio y la promoción del deporte para todos, se abre la puerta a fondos de inversión o a grandes operadores privados con una visión meramente mercantilista», critican los partidos, que obligarán al distrito de Sant Andreu a elegir entre la concejalía de deportes, que se niega a cambiar el pliego de condiciones, o las entidades deportivas del barrio.
