Golpe duro contra el Ayuntamiento de Barcelona en el conflicto abierto entre los clubes de natación de Barcelona, especialmente el Sant Andreu, y el gobierno de Jaume Collboni por la gestión de la futura piscina municipal de Sant Andreu. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha invalidado la licitación del nuevo Centro Deportivo Sant Andreu-la Sagrera (CEM) después de que fuera impugnada por la Asociación de Clubes de Natación de Cataluña (ACNC), tal como ya informó TOT Barcelona a principios de julio. El tribunal administrativo detuvo cautelarmente la licitación para estudiar el caso y recientemente ha emitido su resolución.
El consistorio barcelonés, a través del Institut Barcelona Esports (IBE), sacó la oferta pública de gestión de la piscina municipal de Sant Andreu y de las instalaciones del nuevo CEM de la Sagrera, que se está construyendo. Tal como denunció Junts per Barcelona, la intención del Ayuntamiento es cerrar la piscina municipal del barrio de Sant Andreu de Palomar -que gestiona el Club Natació Sant Andreu- cuando abra el CEM de Sant Andreu-la Sagrera. Pero la licitación incluía que el ganador del concurso debía hacerse cargo de la construcción de la cubierta y acomodar los vestuarios. El coste aproximado era entre tres y cuatro millones de euros y el CN Sant Andreu renunció a la licitación para «no poner en riesgo» la viabilidad económica del club histórico.
Celebramos la victoria jurídica que confirma con otro ejemplo, la mala gestión del gobierno Collboni en materia de gestión deportiva. El liderazgo necesita diálogo, conocimiento y compromiso con todas las entidades que construyen Barcelona. https://t.co/Q84SxRwed0
— ximena gadea (@menagadea) July 26, 2025
La resolución del TCCSP que ha podido consultar TOT es muy clara, y en palabras del CN Sant Andreu, concluye que se «declara no válido el estudio de viabilidad económica que sustenta toda la concesión» del CEM Sant Andreu-la Sagrera. Por otro lado, subraya la obligación legal de facilitar la información sobre el personal a subrogar, una «información clave para calcular los costes laborales y presentar ofertas viables».
El IBE deberá rehacer el plan de viabilidad y corregir los pliegos que deben regir la concesión del CEM Sant Andreu-la Sagrera. En opinión del CN Sant Andreu, se trata de «una respuesta contundente en defensa de la legalidad, la transparencia y el deporte base».
Desde Junts per Barcelona, la consejera-portavoz en Sant Andreu, Ximena Gadea, ha celebrado «la victoria jurídica que confirma, con otro ejemplo, la mala gestión del gobierno de Collboni en materia deportiva. El liderazgo necesita diálogo, conocimiento y compromiso con todas las entidades que construyen Barcelona».
El Ayuntamiento asume las indicaciones del tribunal
En respuesta a este medio, el Ayuntamiento hace una valoración más positiva que el CN Sant Andreu y señala que el tribunal «da la razón al Ayuntamiento en la mayor parte de los puntos». No obstante, reconoce que algunos elementos del plan de viabilidad económica del proyecto no se han explicado con suficiente detalle, y considera que este plan económico debería volver a ponerse a información pública para que todos puedan tener acceso y presentar alegaciones si procede». El IBE retomará el proceso de licitación del contrato e incorporará las recomendaciones indicadas por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.
Entre los aspectos que el consistorio considera que el tribunal les da la razón figuran el hecho de que el servicio se plantea con una estructura bifásica, es decir, dividida en dos etapas: «Una primera fase donde la empresa adjudicataria debe llevar a cabo las obras de construcción y adecuación del nuevo equipamiento deportivo, y una segunda fase donde esta misma empresa pasará a gestionar su funcionamiento y los servicios deportivos». El Ayuntamiento también destaca que «la documentación técnica del proyecto es adecuada, y que las obras previstas no interferirán con la gestión habitual de la instalación durante su ejecución». Además, el gobierno de Jaume Collboni sostiene que el tribunal rechaza la idea de que los plazos de la licitación hayan dificultado la participación de ofertas, y defiende que las ampliaciones de plazo realizadas se han ajustado a los principios legales, como la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades, la publicidad y la transparencia.
A finales de mayo, Junts denunció que la piscina histórica de Sant Andreu que se quiere cerrar “dispone de las dimensiones reglamentarias para la práctica de natación y waterpolo de competición, mientras que la nueva instalación del CEM Sant Andreu-la Sagrera no cumplirá estas condiciones ni en profundidad, ni en longitud ni en configuración espacial, según se desprende del proyecto ejecutivo”. La piscina de CEM Sant Andreu-la Sagrera no alcanzará los dos metros de profundidad, lo que impedirá que los equipos de élite que puedan entrenar en estas instalaciones lo hagan en las condiciones idóneas.
