La Fiscalía General del Estado tiene las alarmas encendidas a raíz del narcotráfico en el Puerto de Barcelona. Así lo acredita la Memoria 2023 del ministerio público, el documento anual que pone en blanco y negro la estadística de su trabajo y relaciona los problemas con los que se encuentra en su actividad diaria en el ámbito penal. El documento alerta sin rodeos de lo que califica como un «crecimiento alarmante» de la entrada de drogas a través de contenedores de mercancías en una de las principales infraestructuras de Cataluña. Un problema que compara con el crecimiento del tráfico y la producción del cannabis en el país que, en palabras del ministerio fiscal, tiene un «incremento incansable».
En este sentido, la fiscalía pone los números sobre la mesa. Así, enfatiza que solo en el mes de noviembre de 2023 se confiscaron más de 17 toneladas de drogas en contenedores frente a las 8 de 2022 o las 5 de 2021. Unas cifras que han activado todos los resortes de seguridad del Puerto y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que allí trabajan. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha el Grupo de Trabajo contra Tránsitos Ilícitos que ha llegado a conclusiones no muy optimistas, como la evidencia de que «se está produciendo una supervisión insuficiente de la estiba, actividad externalizada con un régimen de recursos humanos opaco, privilegiado y basado en relaciones familiares fuera de control e incompatible con las medidas de seguridad requeridas».
Para la fiscalía, en particular, la poderosa sección especializada antidroga y delincuencia organizada de Barcelona (SEADO) el caso del Puerto es significativo. Así destapan «la asociación a los delitos contra la salud pública las actividades cometidas por la organización criminal en general». Un factor que obliga a la fiscalía, no solo a alabar el trabajo del fiscal delegado y de los cuatro fiscales de su equipo, sino de incremento de recursos y de modificaciones legales que permitan detener el descontrol de la entrada de droga.
«Opacidad en la contratación»
El delegado especial antidroga de la fiscalía en Cataluña, y también el de Barcelona, pone como ejemplo de las «graves deficiencias de seguridad» en el tránsito de contenedores el caso registrado en octubre de 2023. En concreto, el caso de un «contenedor depositado para inspección fue extraído de la zona de seguridad de la Aduana hacia otra ubicación, donde se produjo su apertura y vaciado para ser depositado nuevamente en la zona de seguridad». Es decir, se burlaron los sistemas de control y seguridad para vaciar la droga del contenedor antes de que fuera inspeccionado oficialmente por la policía destinada al Puerto.
La fiscalía señala como uno de los principales culpables «la opacidad de la contratación y la gestión de la estiba». Una oscuridad que no es exclusiva a Cataluña sino que la misma institución enmarca a escala europea. De hecho, el ministerio público alerta que en Europa la actividad de los Dockers -almacenes marítimos- «están en el punto de mira de las nuevas medidas de seguridad que hay que adoptar en los puertos». Una situación que también se vive en Barcelona donde se manejan 3.280.000 contenedores al año. Unas medidas de seguridad que sí se aplican, por ejemplo, en el control y monitoreo de los cruceros.
La Audiencia de Barcelona ya avisó
En la misma memoria, y con una inusitada dureza, la fiscalía avisa que «este descontrol y actuación real al margen de cualquier protocolo en el puerto de Barcelona» ya lo ha recogido la justicia. Concretamente, una sentencia con fecha de 30 de marzo de 2023, que dictó la Sección 22ª de la Audiencia de Barcelona, tras el juicio oral de la operación AQ-DIT. Un juicio sobre el dispositivo policial que permitió confiscar una tonelada de cocaína y que, finalmente, acabó con la absolución de los acusados, y también al encargado de blanquear el dinero, el chofer de camión y empleado de la compañía.
En resumen, dice la fiscalía, «por la credibilidad dada al testimonio de los estibadores que convencieron al Tribunal de que las tareas de estiba, carga y descarga de los barcos padecen de absoluta falta de control, funcionando en la realidad al margen de las teóricas pautas y directrices derivadas de la aplicación informática». Es decir, que la misma estiba puso en blanco y negro ante la justicia los problemas que tienen de gestión y que permiten que el puerto sea un colador para la entrada de droga.
El cannabis, el otro problema
La misma memoria resalta la «producción y el tráfico de marihuana y hachís» que lideran el balance anual. Un hecho que, para la fiscalía, «constata que sigue incansable su incremento que se extiende igualmente a las demarcaciones de Lleida, Tarragona y Girona», es decir, donde actúan los cuatro fiscales especializados en la lucha antidroga. Un material que, además, muestra un «alarmante porcentaje de THC –el activo estupefaciente– que contienen las sustancias confiscadas, de modo que ya son normales las concentraciones del 20% de THC que llegan hasta el 50% en la marihuana y hasta el 92% en el hachís». Unos niveles altísimos, según los expertos, para el consumo habitual.
En la misma línea, el ministerio público también alerta de las asociaciones cannábicas. Unas entidades que, a juicio de los fiscales, «siguen reiterando actividades que van más allá de lo que se permite legalmente y se constata el suministro de drogas, incluso del mercado negro que sus propios estatutos dicen combatir». De ahí que destaquen que «la actividad ilegal de estas asociaciones continúa siendo objeto de diligencias de investigación, especialmente de la Fiscalía de Barcelona, 14 en 2023, que ya llegan desde 2013 a las 502. De hecho, según las cifras de la Generalitat de Catalunya, hay 200 centros activos reconocidos como «cannábicos», especialmente centrados en Barcelona, contra los que el ayuntamiento ha comenzado una ofensiva para su clausura administrativa.
En este contexto, el delegado especial de la fiscalía contra la droga, considera que «la empatía con el fenómeno cannábico supone que cada vez más se desplaza a Barcelona la actividad de estos clubes y de muchas empresas de venta por paquetería y envíos postales y también de los muleros que llegan al aeropuerto del Prat». Un fenómeno incrementado por «el negocio clanes familiares con dedicación creciente al cultivo interior en barrios como la Mina y Sant Roc», zonas donde se han registrado diversas y sonadas operaciones policiales.
