La Policía Nacional ha desmontado una red de explotación sexual que operaba a tres ciudades del Estado español, entre ellas Barcelona. La operación, con activos también a Madrid y Palma, se ha saldado con 17 detenidos entre los tres municipios; y ha servido para liberar 13 mujeres captives. La organización criminal atraía las víctimas, de nacionalidad china, mediante una aplicación de mensajería. Una vez captadas, según han explicado las autoridades, se los imponía un régimen «de esclavitud» sexual, especialmente en la capital balear; y permanecían siempre bajo el control y la vigilancia de los miembros de la estructura delictiva.
La red tenía alcance internacional, con patas en el centro y el este de Europa. Los criminales se ponían en contacto con las potenciales víctimas a través otros miembros de la comunidad china en las ciudades desde donde operaban; y ofrecían trasladarlas a Europa con garantías laborales por un coste de unos 15.000 euros. Un contacto esperaba las mujeres captadas en Polonia, donde tenían que abonar el montante, así como, a veces, 400 euros mensuales en concepto de «gastos de seguridad social», justificadas mediante contratos de trabajo fraudulentos. Una vez dentro de la Unión Europea, eran trasladadas a Mallorca, donde las forzaban a ejercer la prostitución para «pagar la deuda» con la organización criminal. Según las autoridades, las mujeres estaban sujetas a un régimen de disponibilidad completa para los clientes de los delincuentes, y no tenían permitido rechazar ningún pagador que se los acercara. Tampoco se los permitía abandonar los pisos de citas donde las cerraban, para evitar sospechas del vecindario.

Blanquejament intermediando un local de hostelería
Como mínimo la mitad de los ingresos procedentes del ejercicio de la prostitución de las mujeres captadas, así, se quedaban a la organización criminal, que controlaba cada movimiento de las víctimas. El beneficio generado por la explotación sexual se canalizaba mediante una empresa de hostelería propiedad del cabecilla, que blanqueaba los ingresos para mantener la apariencia de legalidad de su actividad. Los detenidos serán encausados por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de pertenencia a organización criminal. Además de las detenciones, las fuerzas de seguridad han requisado 14 teléfonos móviles, documentación diversa relacionada con la actividad de los detenidos y 15.000 euros en efectivo.