Pocas luces y muchas sombras. Así se podrían definir las dos semanas que se ha alargado el juicio por la trampa que sufrió un estibador del Puerto de Barcelona en el año 2016. Carlos L. fue arrestado después de que le encontraran en el maletero de su coche drogas y armas que no eran suyas. Más de nueve años después de los hechos, cuatro personas se han sentado en el banquillo de los acusados, dos policías y dos civiles: el entonces cabo de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en el distrito de Sant Martí, un agente del cuerpo destinado a la zona portuaria, un exmilitar y luchador de artes marciales vinculado a Desokupa y el sobrino del anterior. Todos ellos han negado su implicación en el caso, tratando de sembrar la duda en el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona. Solo la consistencia de la versión de la víctima, que siempre ha mantenido su inocencia y un mismo relato, por muy inverosímil que pudiera parecer al principio, encamina el juicio a una resolución que dejará seguro más preguntas que respuestas.
La vista arrancó el lunes 27 de octubre y se alargó hasta mediados de noviembre. El primer plato fuerte fue la declaración de la víctima, que en su discurso señaló –como ya había hecho en múltiples ocasiones anteriores– como presunto autor intelectual de la trampa a David Caballero, el antiguo estibador que fue ejecutado a plena luz del día en una cafetería de Montgat hace justo un año. A pesar de que nunca fue procesado por los hechos, el nombre del muerto no solo aparece claramente mencionado en el escrito de acusación, sino que también fue verbalizado por el mismo Carlos L. ante el tribunal en la segunda jornada del juicio. «Fue una vendetta […] Él, el intocable, fue el ideólogo de todo esto. Era informante de la policía y tenía impunidad«, aseguró el estibador, tal como recogieron varios medios y agencias. Y añadió: «Han intentado por todos los medios posibles que yo hoy no estuviera aquí».
Detrás de esta disputa rocambolesca, hay dos piezas sin las cuales no se puede entender el rompecabezas que nos presenta la víctima con su declaración. Por un lado, tensiones internas en la estiba que se remontan a más de una década y que habían acabado con un trabajador detenido como chivo expiatorio en una operación policial contra el narcotráfico. Por otro lado, la aparición de un blog donde se denunciaban con nombres y apellidos las actividades delictivas que se llevaban a cabo en el Puerto y se destapaba una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la cual estarían implicados tanto estibadores como agentes de diferentes cuerpos policiales. La página web apuntaba directamente contra Caballero, a quien se acusaba no solo de dirigir esta mafia, sino de jugar un doble rol como confidente policial. El estibador víctima de la trampa fue acusado sin pruebas de ser el administrador y la situación derivó en denuncias cruzadas por amenazas y en una sonada pelea en uno de los pasillos de la Ciudad de la Justicia.
Cuatro acusados que niegan la mayor
Con este contexto y tras la declaración de la víctima, que manifestó no conocer a ninguno de los cuatro acusados, el tribunal presenció otra disputa bastante surrealista entre los investigadores de la división de Asuntos Internos de los Mossos y los miembros de la comisaría de la policía catalana en el distrito de Sant Martí. Ambos se responsabilizaban mutuamente de haber dado el aviso de alerta sobre la posible participación de los agentes en el caso y de iniciar el seguimiento de los policías para determinar su implicación en la trampa al estibador. A pesar de tener una importancia relativa, estas versiones contradictorias dieron alas a las defensas de los procesados, que ven una fisura importante en el relato policial y así lo hicieron saber al juez. En sus respectivas declaraciones, los acusados negaron la mayor, cada uno esgrimiendo argumentos diferentes.
El primero de los mossos negó haber buscado en la base de datos del cuerpo información sobre la víctima, su coche y Caballero, señalando que aquel día hacía turno de mañana y no de tarde, cuando se realizó la búsqueda en el sistema. También aportó pruebas -concretamente, su pasaporte- para demostrar que él estaba de vacaciones en Brasil cuando se tomó una fotografía, en el marco de un operativo policial antidroga, en la que dos testigos protegidos identificaron a los dos agentes que colaboraban con la organización criminal dedicada al tráfico. El segundo policía -que sí aparece en la imagen y con más de tres décadas de servicio- también negó que participara «de ninguna manera» en la trampa. Esto, a pesar de ser la persona que respondió a la llamada de un supuesto confidente de un agente de la unidad de estupefacientes donde se alertaba del cargamento que llevaba el coche de la víctima. En este sentido, dijo que no era la primera vez que contestaba una llamada donde un confidente utilizaba el sobrenombre del agente, contradiciendo un testigo que aseguraba que estos no conocían el alter ego del policía y se referían a él por su nombre de pila.
En cuanto a los otros dos acusados, el exmilitar vinculado a Desokupa negó que le propusiera a su sobrino colocar la droga en el coche del estibador, tal y como afirmó durante el juicio un exsocio de la familia. También hizo referencia a las afirmaciones de un testigo protegido que en su momento había incriminado a los cuatro procesados ante los Mossos, señalando que se trata de un viejo amigo con quien años atrás había tenido una discusión en relación con su exesposa. A su vez, el sobrino reafirmó la versión de su tío, apuntando que todas las acusaciones que indican su participación en los hechos son «mentira» y que son solo fruto de venganzas personales.
Testigos que se desdicen, pero un relato «coherente»
El juicio también dejó dos intervenciones contrapuestas que al menos invitan a la reflexión y que, sin duda, el jurado tendrá en cuenta a la hora de dictar su veredicto. La primera es la no comparecencia del testigo protegido que mencionábamos que había identificado a los cuatro responsables de los hechos. A pesar de haber manifestado ante la policía catalana que era conocedor de la trampa y de las personas que estaban implicadas, tal como figura en la declaración aportada por los investigadores, cuando el testigo fue citado durante la fase de instrucción, se desdijo de lo declarado. «Yo no he estado en ninguna comisaría declarando, ni con Mossos ni con nadie. Ni en ningún juzgado tampoco, es la primera vez que vengo […] Esta no es mi firma, mire el DNI», dijo ante el juez, subrayando que sí había conversado muchas veces con policías, pero que habían sido ellos quienes le habían hablado de la trampa, de Caballero y de los implicados. En este cambio de versión y no comparecencia, parece entreverse el miedo a posibles represalias, tal como se manifestó durante la vista.
La segunda declaración -esta vez sí ante el tribunal- fue la del psiquiatra que ha tratado a la víctima de la trampa, que compareció con la doble condición de testigo y perito. El facultativo reconoció que inicialmente pensó que lo que le explicaba Carlos L. no obedecía a la realidad, pero que, tras repasar la documentación sobre el caso, se dio cuenta de que su discurso «era coherente«. Desde que fue arrestado y hasta que se archivó su imputación y se abrió la causa actual, el estibador ha estado sometido a tratamiento psiquiátrico y neuropsicológico, en respuesta a un diagnóstico de depresión recurrente y trastorno de ansiedad. El especialista confirmó este nivel de ansiedad y malestar extremo que padece el trabajador portuario, situando su inicio en el momento de la trampa y alargándose en el tiempo en forma de acoso, con la percepción constante «de que lo quieren hundir, meter en prisión y destruirle la carrera». También añadió que la víctima «teme por su vida en todo momento» y cree que lo espían electrónicamente y lo siguen por la calle. En definitiva, que se siente vigilado y acosado de todas las formas posibles, motivo que le ha llevado a cortar la relación con su entorno más cercano.
La macrocausa por narcotráfico que ha de llegar
Con el caso visto para sentencia, habrá que ver ahora qué repercusión tienen las acusaciones manifestadas una vez más por la víctima de la trampa hacia Caballero, no solo en la investigación de su asesinato sino en una posible macrocausa sobre narcotráfico en el puerto de Barcelona. Sobre la ejecución del estibador, según informa La Vanguardia, cinco personas están bajo investigación por un delito de conspiración para cometer asesinato en el marco de unas indagaciones dirigidas por un juzgado de Badalona. Por ahora no hay noticias sobre el cerco judicial a la organización criminal que supuestamente dirigía Caballero, aunque la Fiscalía General del Estado ya hace tiempo que tiene las instalaciones portuarias de la capital catalana en el punto de mira. La Memoria 2023 del ministerio público ya alertaba sin ambages del «crecimiento alarmante» de la entrada de drogas a través de contenedores de mercancías, señalando como uno de los principales culpables «la opacidad de la contratación y la gestión de la estiba».
En este documento, y con una dureza inédita, la fiscalía avisa que «este descontrol y actuación real al margen de cualquier protocolo en el puerto de Barcelona» ya fue recogida por la justicia a raíz del juicio oral de la operación AQ-DIT. Este dispositivo policial permitió confiscar una tonelada de cocaína, pero terminó con la absolución de los acusados, así como el encargado de blanquear el dinero, el chofer del camión interceptado y un empleado de la compañía de transportes. Durante el juicio, los estibadores citados como testigos «convencieron al tribunal que las tareas de estiba, carga y descarga de los barcos padece de absoluta falta de control, funcionando en la realidad al margen de las teóricas pautas y direcciones derivadas de la aplicación informática». Es decir, que la misma estiba ya puso entonces negro sobre blanco en cuanto a los problemas que tienen de gestión y que permiten que el puerto sea un coladero para la entrada de droga.
