El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) implantará un polémico sistema de seguridad ciudadana a través de una aplicación en el teléfono móvil que tendrá un botón del pánico para situaciones de riesgo. Cuando el usuario presione el botón, la app avisará a la policía, que lo geolocalizará y podrá activar todas las cámaras de seguridad y videovigilancia que haya en la zona en caso de necesidad. Según ha avanzado La Vanguardia y ha podido confirmar la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el sistema será bidireccional y permitirá que el AMB envíe avisos de alerta en casos de emergencia como cuando hay catástrofe natural, pero también para información de servicio más mundana como retenciones o cortes de calles. El organismo ya ha aprobado de manera interna el proyecto y lo licitará pronto para que entre en funcionamiento el año que viene.
El uso de este sistema, más propio de una película o serie sobre espías que de un ente supramunicipal, ya ha generado las primeras controversias. Fuentes de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) aseguran que han emitido un informe consultivo en el cual advierten de la complejidad de utilizar un programa que hará un uso constante de datos personales y de sistemas de inteligencia artificial, por lo que deberán estar muy atentos para garantizar que “cumple adecuadamente la normativa”. Desde el AMB intentan rebajar la polémica y aseguran que las cámaras de videovigilancia ya forman parte del día a día de la ciudadanía. “Hemos perdido el miedo a las cámaras”, justifica el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón. “Lo veo en Cornellà: cuando votamos el presupuesto, la partida que más triunfa siempre es la instalación de cámaras”.
Un Gran Hermano de kilómetro cero
El proyecto metropolitano se basa en la aplicación M7 Citizen Security que ha desarrollado una empresa de Cornellà de Llobregat, Einsmer. Los ayuntamientos metropolitanos de Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, l’Hospitalet, El Prat, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Just Desvern y Sant Vicenç dels Horts ya la han contratado. Pero su influencia va más allá de la región metropolitana y también trabajan en Manlleu, Olot, Vic o Palafrugell. La compañía asegura que todo el sistema es perfectamente legal porque la videovigilancia solo es una parte “pequeña” del proyecto y se basa en imágenes de cámaras que han sido “legalizadas”. El AMB quiere conectar todas las cámaras públicas y privadas para crear una sola red. De hecho, cualquier tienda puede tener videovigilancia siempre que lo comunique y cumpla con los requisitos legales, sobre todo en materia de protección de datos.
El consejero delegado de Einsmer, José Antonio Gallego, asegura que el objetivo de su aplicación es “crear una nueva forma de comunicación entre ciudadanos e infraestructuras” y reclama abrir el debate sobre el uso de las cámaras de seguridad. “Lo que se plantea es si se debe seguir revisando las cámaras cuando ya ha pasado algo o si las podemos utilizar de manera preventiva”, dice. “Las cámaras deben atender reglas de inteligencia. Deben estar conectadas, como en China, pero a la europea, respetando nuestros principios de libertad”. En Nueva York, por ejemplo, las cámaras de seguridad se activan si hay un disparo, recuerdan desde el AMB.
En Cornellà, M7 tiene más de 40.000 usuarios, muchos de los cuales usan la aplicación para usos muy diversos. Hay personas mayores que la tienen y que pueden ser geolocalizadas si se pierden. También la usan víctimas de violencia de género para sentirse seguras y saber que con un solo clic las pueden encontrar. El AMB aún tiene que acabar de perfilar cómo se utilizará. “Es un proyecto complejo y en construcción”, matizan.
