El magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha procesado cinco policías españoles por la actuación policial durante el referéndum de el 1 de octubre del 2017 en la Escuela Ramon Llull de Barcelona. Entre los policías que quedan a punto del juicio hay el escopetero que dejó sin un ojo a Roger Español, que se manifestaba a las puertas de la escuela. De hecho, es la primera vez que el autor del disparo está encausado por un caso de lesión grave con bala de goma. Òmnium Cultural, acusación popular, e Irídia, acusación particular y popular, han recibido este miércoles el sumario de la causa y pronto la Audiencia abrirá el plazo para que puedan presentar los escritos de acusación.
Según se recoge en la ACN, el escrito del magistrado analiza los protocolos que tiene que seguir la policía y concluye que «solo tendrán que utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana». Por otro lado, detalla que en las actuaciones hace falta que la policía haga una negociación previa con un interlocutor y, en caso de querer pasar a la acción, tiene que avisar previamente a la multitud. Por último, detalla que la actuación tiene que ser progresiva para que los manifestantes tomen conciencia.
La actuación de la policía, en el centro de la investigación
En cuanto al uso de las armas, los agentes que han pasado a declarar durante el proceso de investigación han dejado claro que no hay ninguna orden sobre como utilizar la porra, pero a cambio han explicado que en las academias se enseña que no se puede utilizar por arriba de la cabeza ni por encima de la cintura. En cuanto al uso de las pistolas de goma, la situación es más o menos similar, si bien una circular de la Policía Nacional detalla que se tienen que disparar de manera excepcional a 15 metros de distancia.
El magistrado ha concluido que la actuación policial tiene que empezar con un intento de negociación, posteriormente pasar a la fuerza física y, como último recurso, hacer uso de las armas de los antidisturbios, siempre de forma «proporcional» y sin abusar de su superioridad. Durante el juicio habrá que probar, entre otros asuntos, si el agente que disparó siguió o no estas directrices.
