La depresión y la ansiedad son los compañeros de viaje de C.L. desde hace ocho años. Estos trastornos son algunas de las muchas secuelas que arrastra este estibador del Puerto de Barcelona desde el 15 de junio del 2016, cuando fue arrestado después de que le encontraran en el maletero de su Volkswagen Golf cerca de un kilo de cocaína, varias piezas de hachís y una pistola semiautomática cargada, entre otras armas. Un supuesto confidente había avisado a los Mossos d’Esquadra del cargamento que escondía el vehículo y los agentes se habían movilizado rápidamente para interceptar al propietario del coche cuando este saliera del gimnasio David Lloyd, ubicado en lo alto de la Diagonal.
El detenido estuvo tres días en el calabozo hasta que fue puesto en libertad con cargos. Durante todo este tiempo, defendió su inocencia, asegurando que la droga y las armas no eran suyas y que desconocía cómo habían llegado a su vehículo. El estibador no tenía dudas, sin embargo, que todo ello formaba parte de una especie de venganza de un compañero de profesión a quien le unía un largo historial de denuncias cruzadas por amenazas y agresiones. Así lo manifestó primero ante los efectivos policiales y después en sede judicial, señalando al también estibador David C. como instigador de esta trampa y como máximo responsable de una organización criminal dedicada a la distribución de droga desde el recinto portuario de la capital catalana.
Después de un periplo judicial de casi tres años, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona decidió finalmente archivar la causa abierta contra C.L. el 31 de mayo del 2019 al considerar que no había ningún indicio que indicara que la droga y las armas eran suyas. El tribunal basaba sus conclusiones en un informe de la división de Asuntos Internos de la policía catalana, que señalaba a dos agentes del cuerpo por su implicación en la trampa urdida contra el estibador, en la cual también habrían participado dos individuos más, que serían los autores materiales de la colocación de las pruebas incriminatorias. La investigación de los Mossos también señalaba la posible existencia de esta trama criminal en el Puerto, precisando que la organización tendría como principal actividad delictiva la comisión de robos violentos a narcotraficantes.
Reválida en los tribunales
El archivo de la causa tuvo una doble consecuencia para nuestro protagonista. Por un lado, le permitió respirar aligerado después de haber conseguido demostrar por fin su inocencia. Por otro lado, el posicionamiento del juez y las conclusiones de la investigación interna de la policía catalana abocaban el caso a un segundo proceso judicial, ahora contra las cuatro personas directamente implicadas en la falsa incriminación al estibador. La fiscalía formuló su escrito el mes de junio del 2022, donde pedía 18 años y 9 meses de prisión tanto para el entonces caporal de la comisaría del distrito de Sant Martí de los Mossos, Xavier G., como para el agente del cuerpo destinado en la zona portuaria Francesc A. y 15 años para los otros dos acusados, Joaquim B. -exmilitar y luchador de artes marciales vinculado a Desokupa- y Juan Antonio R., los cuatro actualmente en libertad vigilada.
El ministerio público constataba en el escrito de acusación la voluntad de los cuatro implicados de privar de libertad a C.L., sin embargo, del mismo modo que el informe policial, no esclarece si actuaron por iniciativa propia o a «instancia e interés de personas desconocidas». De hecho, no se menciona directamente el nombre de David C. en el texto y ni siquiera se le incluye entre las personas propuestas para citar a declarar, a pesar de que la víctima ha manifestado en múltiples ocasiones en estos ocho años de proceso la presunta relación entre los acusados y este otro estibador. En este sentido, es importante subrayar que la investigación de los Mossos no pudo confirmar el vínculo de este trabajador portuario con la trama.
Aun así, entre las muchas comprobaciones y consultas en las bases datos policiales que los agentes implicados -que están actualmente suspendidos de sueldo y trabajo- hicieron tres meses antes de los hechos para preparar la trampa, como por ejemplo la averiguación de la dirección del domicilio y de la matrícula del coche de la víctima para poder estudiar sus movimientos, sí que aparece el nombre de David C., tal como constató Asuntos Internos. Los policías buscaron tanto el nombre de uno de los dos civiles que participaron en la colocación de las pruebas como el del presunto instigador para determinar si los Mossos les estaban haciendo algún tipo de seguimiento o si había alguna actuación en marcha en la cual constaran como investigados.
Una trama al margen que sí que aparecerá en el juicio
La existencia de esta organización criminal portuaria y la presunta implicación de David C. en la trampa a su compañero estibador, sin embargo, no serán solo el telón de fondo ante el cual se celebrará el juicio. Tendrán un papel capital. El TOT Barcelona ha tenido acceso al escrito de acusación que la defensa de C.L. ha formulado contra los cuatro implicados, para quienes pide penas de prisión que van desde los 14 años, en el caso de Juan Antonio R., hasta los 24 que solicitan por Francesc A. (Xavier G. y Joaquim B. se quedan en peticiones de 19 años). También se pide el pago de casi 30.000 euros en concepto de indemnización. A pesar de no figurar en la trama como acusado por la falta de pruebas, en el documento elaborado por Molins Defensa Penal sí que se desgrana en detalle el contexto de enemistad entre los dos trabajadores portuarios que estarían detrás de esta estrategia urdida para incriminar a la víctima.
En concreto, el escrito arranca afirmando que David C. «dirige una de las organizaciones criminales dedicadas a la distribución de droga más importantes del Puerto de Barcelona», donde habría conocido a C.L., que como él es estibador de este recinto. A pesar de no tener una mala relación de inicio, la acusación indica que este vínculo se fue deteriorando hasta el punto que el presunto líder de este grupo mafioso habría convencido a otro trabajador portuario para denunciar a la víctima por un delito leve de amenazas en 2015. El caso acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, que decidió absolver al presunto agresor el 28 de enero del 2016, solo unos meses antes de la colocación de la droga y las armas en su coche.
Denuncias cruzadas y los antecedentes
Esta no es la única denuncia que cruzada que tienen los dos estibadores. En el juicio por amenazas que acabó con la sentencia absolutoria mencionada, se produjo otro enfrentamiento entre los dos en uno de los pasillos de la Ciudad de la Justicia. David C. denunció entonces a C.L. por una agresión. Sin embargo, un video extraído de las cámaras de seguridad de los juzgados parecía indicar que los hechos habían sucedido justo al revés y que era nuestro protagonista quien había sido víctima de un ataque por parte de su compañero portuario, viéndose obligado a defenderse de la agresión.
En la declaración judicial por este incidente, C.L. denunció ante el magistrado las presuntas actividades irregulares de los estibadores que integraban el grupo criminal. «Desde entonces, David C. ha probado de deshacerse de cualquier manera de él», concluye el escrito de acusación. En cuanto a la relación entre los cuatro acusados por la trampa y el presunto líder de la mafia portuaria, la defensa asegura que tanto Joaquim B. como Juan Antonio R. -que son tío y sobrino, respectivamente- mantenían una «buena relación» con el estibador y urdieron un plan para conseguir la detención y el ingreso en prisión del trabajador portuario rival como «venganza» por esta declaración.
Más allá de los enfrentamientos descritos en este escrito de acusación, hay dos otros motivos que podrían haber motivado la represalia que sufrió el estibador. Por un lado, justo antes de los hechos, C.L. declaró como testigo en una macrocausa contra el narcotráfico que investigaba entonces el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Por otro lado, la víctima de la trampa fue acusada sin pruebas de ser el administrador de un blog que aproximadamente desde el 2016 estaba denunciando con nombres y apellidos las actividades delictivas que se llevaban a cabo en el Puerto, entre las cuales la actividad de esta supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en la cual estarían implicados tanto estibadores como agentes de diferentes cuerpos policiales. David C. era precisamente una de las personas señaladas en esta página web. C.L. ha negado en todo momento al TOT Barcelona que él fuera autor o administrador de este blog.
Desgaste, boicot y una subtrama de pedofilia
El TOT Barcelona se encontró con C.L. ahora hace casi un año. El estibador -que continúa trabajando en el recinto portuario a pesar de este largo historial de denuncias cruzadas con su compañero de estiba- ha estado durante todo este periplo judicial sometido a tratamiento psiquiátrico y neuropsicológico después de que se le diagnosticara una depresión recurrente y un trastorno de ansiedad. La verdadera persecución que sufrió antes de la trampa, puesto que los acusados estudiaron completamente sus movimientos y rutinas para poder colocarle la droga y las armas, han tenido un desgaste emocional, social y económico indudable en su vida y han hecho que ahora tome muchas medidas para evitar que le puedan hacer ningún tipo de seguimiento. Utiliza móviles de prepago sin WhatsApp e incluso se ha cambiado de domicilio.
Las precauciones tomadas, sin embargo, no evitaron que el estibador recibiera a principios del 2021 varios mensajes a través de Telegram donde un usuario le solicitaba que compartiera con él videos de contenido sexual con menores. Este individuo aseguraba que alguien le había enviado antes archivos de este tipo bajo su nombre. C.L. denunció los hechos, pero el Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona decretó el sobreseimiento provisional de la causa por la imposibilidad de contactar con la plataforma para que les facilitara los datos tanto del usuario que contactó con él como de los otros que supuestamente se habrían apropiado de su identidad. Molins Defensa Legal presentó recurso de apelación, indicando que la víctima hace tiempo que sufre ataques cibernéticos de hackers que utilizan softwares punteros para boicotear supuestamente una star-up que dirige, y apunta a la posible implicación en los hechos tanto de David C. como de otro estibador.
Fuentes legales consultadas por este medio señalan que el juicio contra los dos policías y los otros dos implicados en la trampa a C.L. todavía no tiene fecha de señalamiento porque se está pendiente de resolver un recurso presentado por una de las partes. Las mismas voces pronostican que la vista podría demorarse todavía cerca de un año, cuando ya habrán pasado casi 9 años de los hechos enjuiciados.
