Las dos activistas que mancharon con pintura roja una de las fachadas de la Sagrada Familia podrían acabar en los tribunales. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha denunciado a las autoras de esta acción reivindicativa por un posible delito contra el patrimonio histórico, tipificado en el artículo 323 del Código Penal. La organización considera que las manifestantes ecologistas podrían haber incurrido en este delito, alegando que la obra magna del arquitecto Antoni Gaudí fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el reconocimiento más elevado en cuanto a la protección de lugares, monumentos y paisajes naturales.
Los hechos ocurrieron a las ocho de la mañana del pasado domingo en el marco de una protesta contra la gestión de los incendios forestales en el Estado. La movilización impulsada por la plataforma Futuro Vegetal terminó con el lanzamiento de polvo tintado contra la fachada del Portal de la Fe mientras gritaban ‘Justicia Climática’. Todo ello, para denunciar la “complicidad” de los gobiernos autonómicos españoles y el gobierno central español ante los incendios forestales que han azotado la península Ibérica este verano de 2025.
La intervención de la seguridad privada de la Sagrada Familia las interceptó rápidamente, evitando que pudieran continuar con la acción. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), que realizaron dos denuncias para las dos integrantes del colectivo ecologista acusadas de “deslucimiento de monumento”. A su vez, el cuerpo de los Mossos d’Esquadra también abrió diligencias relacionadas con este incidente.
🔥 ACTUAMOS 🚒
— FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) August 31, 2025
Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano 🎨 pic.twitter.com/cWwznojZJO
Detención «violenta» y multa
Por su parte, el colectivo ecologista denunció la actuación de la policía y la seguridad privada, asegurando que las activistas fueron retenidas «de forma violenta» y luego puestas en libertad con una propuesta de sanción que asciende hasta los 600 euros para cada una de ellas. Las activistas culpan de esta multa a «la ley mordaza».
