El Juzgado de instrucción número 6 de Barcelona ha archivado la denuncia que diferentes colectivos y manifestantes habían presentado contra los Mossos por una actuación policial durante las concentraciones a favor del pueblo palestino del pasado octubre. Los activistas, que boicoteaban alrededor de la estación de Sants la salida de un equipo israelí de baloncesto que debía jugar en Manresa, alegaban en la denuncia un uso indebido del gas pimienta. La magistrada, explican los denunciantes, entiende que no está suficientemente acreditada la causalidad de las lesiones y que la querella tampoco identifica con precisión la identificación de los agentes concretos que actuaron allí.
Los colectivos que apoyan la querella, entre ellos sindicatos, Alerta Solidària o Irídia, lamentan que la querella “fue rechazada de plano por una interlocutoria de la jueza pasado solo 48 horas” y recuerdan que el Departamento de Interior sí que revisa la actuación policial. La consejera Núria Parlon admitió, en sede parlamentaria, que su departamento revisaría si los Mossos habían actuado de acuerdo con la legalidad y las recomendaciones de Naciones Unidas. Estas establecen que “los irritantes químicos no deberían utilizarse en situaciones de resistencia puramente pasiva”, recuerdan ahora los denunciantes.
Los afectados se escudan en las declaraciones de la consejera para denunciar “la ligereza con que la magistrada da por válida la actuación policial”. “Los dos argumentos [que expone la jueza] siguen el esquema habitual de dificultar la pertinente investigación que debe ser capitaneada por ella misma. Esta argumentación, habitual en casos de violencia policial, acaba convirtiendo en imposible cualquier investigación efectiva”, comenta el escrito publicado por una decena de entidades. Los afectados han recurrido ante la Audiencia Provincial para intentar “reabrir” la investigación.
“No puede hacer una valoración de un protocolo que no conoce”
La abogada de la parte afectada, Marta Bolinches, se ha mostrado crítica contra una actuación judicial que considera “muy grave, sin ni siquiera ordenar ninguna investigación”. “Ni siquiera ha podido conocer el protocolo, que aún hoy día no se ha hecho público. Por tanto, aún no puede hacer una valoración de un protocolo que no conoce”, ha alegado la abogada en declaraciones a los medios de comunicación.
Bolinches insiste en que el Estado y la justicia “tienen la obligación” de investigar “posibles maltratos o tratos degradantes por parte de la policía”, y también cuestiona los dos argumentos principales de la magistrada. Respecto a la dificultad para identificar a los agentes, la abogada apunta que los antidisturbios no tenían el número identificador en la espalda, tal como regula la normativa desde 2020.
Siguiendo en esta línea, las entidades recuerdan que la policía roció con gas pimienta “manifestantes pacíficos” en un momento en que “las personas no podían salir fácilmente del lugar de los hechos y sin previo aviso”. La policía, según se refleja en la querella, acordonó a los manifestantes a ambos lados de una rampa, dificultando su salida; mientras el primer cordón intentaba arrancar a los manifestantes, sentados en el suelo, el de atrás roció la protesta con gas pimienta.
